El Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió a la recién aprobada Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputados y Diputadas, la cual propone más atribuciones para las policías, como la presunción de inocencia ante el uso de sus armas de servicio, lo que consagraría el principio de legítima defensa privilegiada para uniformados y policías de civil.

A través de un comunicado, la directora del organismo, Consuelo Contreras, hizo algunas apreciaciones a este proyecto que fue despachado al Senado.

Según Contreras, desde 2017 el INDH “ha insistido en la urgencia de determinar por ley las Reglas del Uso de la Fuerza por las cuales deben actuar Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), así como las Fuerzas Armadas cuando estas se encuentren desplegadas en situaciones que impliquen el contacto con población civil”.

No obstante, la directora del instituto dijo que “los proyectos de ley ahora discutidos en el Congreso no sólo fracasan en hacerse cargo de los verdaderos problemas operativos en seguridad, sino que se inclinan desproporcionadamente hacia Carabineros“.

“Al establecer presunciones legales a su favor que dificultan en demasía la posibilidad de la prueba en contrario, lo que se hace en la práctica es juzgar de antemano la calidad de delincuentes de sus posibles víctimas, algo que sólo pueden establecer los tribunales de justicia. ¿Habían cometido un delito Camilo Catrillanca y Fabiola Campillai o eran víctimas? Parece que en la nueva normativa propuesta ellos, así como sus derechos humanos, no poseen relevancia”, argumentó Contreras.

“Impunidad de las policías”

Según plantea la directora del INDH, “la nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso”.

“Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley”, manifestó el instituto.

En este contexto, Contreras señaló que “los proyectos plantean dudas sobre la igualdad ante la ley, una garantía de la cual todos quienes habitan en este país son titulares. Esto dado que no sólo afectarían a quienes presuntamente están infringiendo la ley, sino de todos aquellos que están cerca y pueden sufrir sus efectos”.

“No olvidemos que se le entrega prácticamente inmunidad a Carabineros por los daños que causen a terceros o a sus bienes materiales durante un operativo policial. Esto último, además, viola el deber del Estado de entregar justicia a todos los afectados por su actuación”, comentó la directora.

Finalmente, se indica que el “INDH no puede, sino plantear su profunda preocupación por el avance, en los términos actuales, de los proyectos de ley que buscan entregarle una ‘legítima defensa privilegiada’ a las Fuerzas de Orden y Seguridad. La delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los derechos humanos de todos”.