El exministro de Justicia del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, abordó este martes el indulto general que fue otorgado en abril del 2020 a Luis Vicente Martínez, de 27 años, a propósito de la pandemia por covid-19.
Recordemos que este sujeto es el tercer sospechoso en el asesinato de la sargento segundo, Rita Olivares, durante un procedimiento en Quilpué.
A raíz de esto, Larraín comentó que “de acuerdo a la ley de indulto que fue aprobada por una inmensa mayoría por el Congreso, aparentemente este señor Martínez cumplía con los requisitos, porque había cumplido más de la mitad de la pena y se encontraba cumpliendo el saldo en el medio libre. Por lo tanto, era acreedor a este beneficio que aprobó el Congreso”.
Así también mencionó que Martínez “obtuvo el beneficio de reducción de la pena, de acuerdo a una ley del 2003 del tiempo del gobierno de Ricardo Lagos, que le permitió rebajar esa pena en tres meses adicionalmente”.
“Pero es importante saber que con o sin indulto, con o sin rebaja de pena, en marzo del 2021 este señor habría estado en libertad. De manera que no tiene una relación causal entre lo que ha ocurrido ahora, con esos beneficios a los que fue acreedor por razones distintas a las que puedan suponerse hoy día”, añadió el exministro.
En esta línea, Larraín explicó que “él recibió esos beneficios, porque la ley así lo estableció dado que estaba en el medio libre o porque estaba cumpliendo con lo que la ley le permitía aspirar y la jurisprudencia estimaba cuando se cumple los requisitos para la reducción de condena es obligatorio dar, es un derecho, no es una facultad del Ministerio de Justicia otorgarlos o no”.
Indultos en la pandemia
En cuanto a los criterios que se ocuparon para esa ocasión, el abogado dijo que “como se estableció y se discutió largamente en el Congreso y siguiendo criterios que se siguieron en muchos otros países, lo que se buscaba era aliviar las cárceles de personas que pudiendo cumplir sus penas bajo arresto domiciliario, no estuviesen sujetos a eventuales problemas de contaminación con la pandemia”.
“Así entonces se benefició a personas mayores de edad, a mujeres embarazadas con baja peligrosidad o a personas que ya estuvieran cumpliendo su pena en el medio libre, como era el caso de Martínez-Conde. Por lo tanto, era una manera de aliviar la situación carcelaria y no tener personas que entraran y salieran, porque precisamente eso era causa de infección, de contaminación, porque el que sale y vuelve es un vector para contagiar a la población que estaba reclusa”, precisó Larraín.
El exlíder de la cartera de Justicia indicó que cumpliéndose esas causales para obtener el beneficio, “Gendarmería está obligado a entregarla, no hay un análisis particular, porque no es un indulto particular, este es un indulto general que se da por ley y como digo el Congreso aprobó en forma inmensamente mayoritaria las causales que ahí se establecieron”.
“De hecho, cumplían los requisitos un poco más de 2 mil personas y se entregaron 1.570 beneficios finalmente“, señaló Larraín.
Indulto a sospechoso en crimen de sargento Rita Olivares
El exministro también fue consultado sobre si habría un error en este indulto en el caso de que se declare culpable a Martínez-Conde por el asesinato de la sargento.
“Habría estado libre con o sin indulto, con o sin reducción de pena (…) este señor habría estado en libertad, porque habría terminado su deuda con la justicia en marzo del 2021. Por tanto, es completamente relevante su situación de entonces con su responsabilidad brutal y criminal en el caso de la carabinera que fue asesinada”, recalcó la exautoridad.
En este contexto, el exministro enfatizó en que “quienes pretenden comparar las situaciones actuales”, es decir el indulto a Martínez-Conde y los otorgados por el gobierno del presidente Boric, “por lo menos actúan con una patética ignorancia”.