La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes tres nuevos proyectos en materia de seguridad. En primer lugar se trata de la iniciativa que castiga contratar un “sicario“, otro que entrega más facultades a Gendarmería y otra que amplia las potestades de las policías en el control migratorio.
Los tres proyectos recibieron un apoyo transversal en la Cámara, por lo que fueron despachados al Senado.
Sobre el proyecto antisicariato, modifica la actual legislación, para castigar penalmente a quien propone la comisión de un homicidio calificado a cambio de un pago o beneficio, como a quien acepta dicho encargo.
De esta forma, se sanciona la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, denominado sicariato.
En la iniciativa la figura actual del sicariato. Así, se pasó de “cometerlo con ánimo de lucro” por realizarlo “por beneficio económico o de otra naturaleza en provecho propio o de un tercero”.
La norma añade que si se comete contra un juez con competencia en lo penal, fiscal, defensor penal público, carabinero, detective o gendarme, será castigado con pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) a presidio mayor en grado mínimo (5 años y un día a 10 años).
Control migratorio
La propuesta regula la forma en que se realizarán controles a inmigrantes que no puedan acreditar su estatus en Chile. Donde los policías deberán ponerlos a disposición de la PDI en máximo una hora.
Si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria, el sujeto sometido a control mantiene pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsiones u otros de la Ley de Migración y Extranjería, se procederá a su notificación inmediata, dejando constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero.
Aumento de competencias a Gendarmería
El proyecto que permite que Gendarmería participe en investigaciones al interior de los recintos penales. La norma establece que la institución podrá participar en carácter auxiliar de investigaciones, donde el Ministerio Público podrá impartirle instrucciones.
El proyecto también sanciona a quien, sin estar autorizado, facilite el ingreso a recintos penales de aparatos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior. Agrega que, si esta conducta es cometida por un empleado público para facilitar la comisión de delitos se aumentará en un grado la pena respectiva. Esto, junto a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.