El Gobierno salió a explicar las razones detrás de la negativa a entregar los expedientes de los indultados por el presidente Gabriel Boric, tal como lo pidieron parlamentarios de oposición al Tribunal Constitucional (TC).

Recordemos que un grupo de senadores de Chile Vamos y de Demócratas, presentaron un requerimiento ante el TC para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

Finalmente, por unanimidad, el organismo resolvió tramitar el fondo de los requerimientos, pidiendo al Gobierno la copia de todos los expedientes de los indultados y además copia de todos los indultos dictados desde 1981 hasta la fecha.

Según explicó este martes el ministro Luis Cordero, “el Tribunal Constitucional solicitó esa información bajo reserva, y la razón por la cual el tribunal lo solicita así, es porque la ley señala que cuando se entregan datos personales, tiene que estar bajo reserva”.

En ese sentido, el secretario de Estado justificó la decisión del Gobierno de negarse a hacer públicos los antecedentes de los indultados.

“Los abogados de los senadores requirentes, han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional, es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder sino lo que dice la ley”, detalló.

“La ley de datos personales, específicamente en el artículo 21, impide el tratamiento y entrega información a terceros respecto de datos personales (…) y en los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros”, insistió.

“Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder sino lo que señaló, porque lo que establece la ley”, enfatizó, agregando que “el resto lo tendrá que resolver el tribunal”.

“Lo relevante es que el tribunal pidió esa información bajo reserva, no es que nosotros hubiésemos solicitado especialmente esa reserva”, dijo Cordero.

Gobierno responde al TC por antecedentes de indultados: “Su divulgación podría entorpecer también su reinserción social”

De acuerdo a la respuesta enviada por el Gobierno al TC, la divulgación de los antecedentes complicaría además la reinserción social de los indultados, según publicó Ex-Ante.

“Los antecedentes relativos a las condenas, referidos a personas identificadas -en este caso- o identificables, además de comprometer su vida privada o intimidad, su honra o la protección de sus datos personales, su divulgación podría entorpecer también su reinserción social”, señala el documento.

“Cabe hacer presente que la información requerida por este Excmo. Tribunal Constitucional, necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones, contiene variados antecedentes cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros. En efecto, esta información incide sobre antecedentes de carácter personal y no se encuentra disponible en una fuente accesible al público. De esta manera, solo puede utilizarse para los fines con los que hubiera sido recolectada”, agrega el texto.

“En efecto, contiene datos sensibles como los que refieren a sus características físicas y morales, o a hechos o circunstancias de su vida privada o su intimidad (conyugal, familiar y doméstica, antecedentes sociales, psicológicos y de salud de las personas, ya sea a través de fichas, informes o expedientes médicos), y hasta datos personales cuya difusión pudiera afectar su seguridad, como es su domicilio”, apunta el documento.

Al respecto, el ministro Cordero señaló que “la ley de datos personales establece que respecto de los antecedentes penales, una vez cumplida las condenas, no se pueden comunicar a terceros, salvo a los tribunales de justicia”.

“Y la razón por que señala eso, es precisamente tiene que ver con permitir que las personas puedan reinsertarse, pero eso lo dice la Ley”, sentenció.

“Yo logro entender la inquietud política, pero esto es una discusión que se ha trabado en términos jurídicos y la respuesta solo puede ser jurídica”, cerró.

Oposición critica negativa del Gobierno a entregar antecedentes de indultados

Desde la oposición, en tanto, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo que esto es un nuevo “bochorno” de La Moneda.

“Se requiere que todas las personas que están litigando en el Tribunal Constitucional tengan acceso a los mismos antecedentes”, aseguró el timonel gremialista.

“El Tribunal Constitucional tiene acceso a los decretos y el Gobierno también, pero los requirientes no lo tienen. Eso altera fundamentalmente el debido proceso, se podría perfectamente para los datos sensibles tachar esos antecedentes”, apuntó Macaya.

El secretario general de RN, por su parte, Diego Schalper, calificó de inaceptable la negativa del Gobierno.

“Que el Presidente de la República pida que esos antecedentes no sean puestos a disposición de la opinión pública, es simplemente inaceptable”, cuestionó.

“Como oposición vamos a impulsar una comisión investigadora porque creemos que aquí falta mucha información por transparentar”, cerró.