El presidente argentino, Alberto Fernández, junto a otros exmandatarios de Iberoamérica, firmaron una carta en apoyo a ME-O, con duras críticas a la justicia chilena por el Caso SQM.
Recordemos que el pasado lunes comenzó el juicio oral en este caso emblemático de corrupción por financiamiento ilegal de la política, que cumple más de 8 años siendo investigado.
Entre los principales involucrados, se encuentran el exsenador de la UDI, Pablo Longueira, y el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.
A este último se le acusa de delitos tributarios, arriesgando una pena de cuatro años de presidio.
Si bien la semana pasada estaba agendado el inicio del juicio oral, esto no ocurrió por la falta del auto de apertura.
Este último es un documento clave en los juicios orales, que en este caso cuenta con más de 5 mil páginas, donde está la individualización de los imputados, las acusaciones y pruebas.
A esto se sumó que el juez de Garantía, Leonardo Valdivieso, que debía presentar el documento, se encontraba de vacaciones. Y el resto de los magistrados, no quiso intervenir.
La polémica finalmente la zanjó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó abrir un sumario en contra de jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por eventuales negligencias.
Grupo de Puebla critica justicia chilena en carta de apoyo a ME-O
Al respecto, el Grupo de Puebla publicó una carta en apoyo a ME-O, expresándole su apoyo, como también las críticas por el extenso proceso.
Entre quienes suscriben la misiva, se cuenta el presidente de Argentina, Alberto Fernández; además de exmandatarios, como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia).
Asimismo, dieron su rúbrica Celso Amorin, exCanciller y actual asesor internacional del presidente brasileño, Lula da Silva; Carlos Tomada, embajador de Argentina en México; Beatriz Paredes, senadora y presidenta de la Comisión de RREE del Senado de México; Iván Cepeda, senador colombiano; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Asimismo, el texto fue firmado por la diputada comunista, Karol Cariola, y el exjuez español, Baltasar Garzón, además de otros 14 abogados y juristas del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud).
Cabe destacar que el organismo fue fundado en 2019 por líderes progresistas de América Latina, como el propio excandidato presidencial. De hecho, Enríquez-Ominami es el actual coordinador del organismo.
“Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, señalan.
“Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”, acusan.
“Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”, destacan.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”, critican.
“Otro caso de lawfare (guerra jurídica) como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, sentencian.
En ese sentido, cuestionan el auto de apertura del juicio, asegurando que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. “De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso”, advierten.
“Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”, concluyen.