El contralo general de la República, Jorge Bermúdez, declaró el último miércoles ante tribunales, por una demanda presentada por funcionarios de Gendarmería en contra de un dictamen de la institución que evitó que recibieran una millonaria jubilación.
Bermúdez, debió declarar este miércoles ante el 22º Juzgado Civil de Santiago. Esto, debido a una millonaria demanda que presentaron oficiales de Gendarmería, en que acusan un grave perjuicio previsional provocado por el Dictamen N°42.701 del año 2016. Esta resolución estableció en forma inédita un tope de imponibilidad de 60 U.F. a las remuneraciones.
Esta acción legal fue presentada el 13 de mayo de 2020 por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Se trató de una demanda de Nulidad de Derecho Público en contra de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y la Dipreca.
Esta demanda representa a 786 oficiales penitenciarios en servicio activo y otros 8 en retiro, afiliados a la ANOP, además de viudas e hijos de funcionarios, quienes se han visto afectados por la drástica disminución de sus pensiones.
Esta situación, reclaman, no se condice con la legislación vigente que regula esta materia, donde Gendarmería está en similar condición que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Los oficiales de Gendarmería son representados por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Anna Albano.
Respecto a la diligencia, Colombara explicó que “pese a que el Contralor Bermúdez Soto se opuso una y otra vez a declarar ante el Tribunal, logramos que el Tribunal acogiera nuestra solicitud y ordenara al Contralor declarar ante él como cualquier ciudadano, debiendo dar explicaciones por sus actos en este caso”.
Contraloría defiende dictamen
Desde Contraloría emitieron un breve comunicado por esta situación, donde sostienen que Bermúdez explicó el alcance del dictamen en cuestión y que tienen la responsabilidad de
“velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”.
“La Contraloría General de la República tiene la obligación de velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, incluyendo pensiones pagadas a funcionarios de la Administración del Estado con los impuestos de todas y todos los chilenos. Esta postura será defendida por la Contraloría en todas las instancias que correspondan”, indica el comunicado.