La Cámara de Diputados y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por lo que este jueves finalizó el juicio político.
En concreto, se desestimó continuar con el libelo acusatorio por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones.
Por tanto, la acusación del Partido Republicano termina aquí en la Sala de la Cámara Baja y no avanza al Senado.
Según consignó La Radio, esta sesión tuvo un momento cúlmine con la llegada del diputado del Partido Liberal, Luis Malla, quien debía someterse a una operación quirúrgica, pero la suspendió solo para estar en la votación.
Durante esta jornada de generaron gestiones tanto del Partido Republicano, del Partido de la Gente, y también del propio Gobierno para asegurar los votos y que no fuera acusado el ministro Jackson.
Los votos claves en esta votación fueron los de los diputados independientes Felipe Camaño y René Alinco, que votaron en contra; como también las abstenciones de Ximena Ossandón (RN), Joaquín Lavín Jr. (UDI) y Eduardo Durán (RN).
Recordemos que más temprano se rechazó la cuestión previa, por lo que avanzó la votación en cuanto al fondo de este libelo acusatorio, la cual fue bastante estrecha.
Acusación contra ministro Jackson
Esta acusación constitucional fue presentada por el Partido Republicano por “todo lo que ocurrió con la exseremi de Desarrollo Social (de la región Metropolitana)”, quien acusó presiones indebidas de parte del Gobierno.
A eso sumó “las graves negligencias y problemas que han tenido en la operación e implementación de distintas oficinas locales de la niñez y otros temas que están afectando directamente el futuro, la salud psicológica y la salud física de miles de niños chilenos, incluso los niños más vulnerables”.
En representación de los acusadores expuso el diputado Johannes Kaiser (IND-bancada Partido Republicano).
En primer lugar, el parlamentario se refirió al historial del ministro Giorgio Jackson y recordó que, durante su periodo como diputado preparó o respaldó 11 acusaciones que no tuvieron argumentos jurídicos para presentarse. La mayoría de ellas, agregó, no tuvieron respaldo jurídico. Así, evaluó que la institución de la acusación constitucional se degradó “para servir a objetivos políticos”.
Asimismo, dijo que el ministro fue públicamente reprendido por la Contraloría General de la República. Ello, debido a su intervencionismo electoral en favor de una de las opciones que se debatían por el plebiscito constitucional.
Tras la votación, el ministro de Desarrollo Social agradeció a “las diputadas y diputados que se tomaron el tiempo y el trabajo de revisar los distintos argumentos que estaban tanto del libelo acusador, como también de nuestra defensa”.