Antes de llegar al conteo de votos – y ver si pasa o no al Senado – la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debe pasar por la segunda tanda de audiencias y la resolución de la comisión revisora, que mañana miércoles debe despachar con informe negativo o positivo el libelo a la Sala.
José Meza, jefe de bancada del Partido Republicano, dice confiar en que la instancia aprobará el juicio político.
Eso sí, el diputado reconoce que aún no han realizado un conteo de votos, en un escenario cada vez más adverso para el avance de la acusación al Senado.
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Pese a que se ha ganado criticas por intromisiones en el debate político por estas acusaciones, la ministra Segpres Ana Lya Uriarte ha dicho que sería una “ofensa” de parte de parlamentarios oficialistas ausentarse o votar a favor.
Pero también dijo que el Gobierno se ha hecho la convicción que en Chile Vamos no hay unanimidad para respaldar esta acusación que, volvió a reiterar, es improcedente.
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RN en la duda
En Renovación Nacional (RN) no hay una decisión tomada y la tensión aumenta.
Hay parlamentarios en el comité que reconocen molestia internamente por las declaraciones del jefe de bancada, Andrés Longton, que ya dio fuertes señales que no apoyará el texto.
Quien se sumó a las dudas fue el diputado Andrés Célis, que hizo un llamado a su sector a no apoyar este juicio por venganza, o por ‘premio limón’, en referencia a las malas relaciones cultivadas por Giorgio Jackson en sus ocho años en la Cámara.
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A lo anterior se suma Eduardo Durán, que ya salió del listado de aquellos con dudas y confirmó que votará contra el libelo.
Para el parlamentario no hay argumentos, tal vez solo pasarle la cuenta a Jackson por su pasado como diputado y las acusaciones que apoyó en su tiempo, pero que actualmente hay temas país más importantes que acusarlo.
Juntando los votos para “golpear” a Giorgio Jackson
Pese a que el pronóstico muestra luces claras, aún hay espacio de maniobra.
El Centro Democrático Unido, el Partido de la Gente y los diputados que renunciaron a esa tienda hacen un “pool” de votos que con una oposición unida podrían inclinar la balanza.
Así, el ex PDG Víctor Pino comprometió los siete votos de la bancada independientes social cristianos a favor de la acusación.
“Hemos tomado la determinación que esta acusación tiene los méritos suficientes para ser aprobada. Estamos disponibles para apoyar esta acusación”, avisó.
Sin embargo, si había dudas del compromiso con Giorgio Jackson de parte del Socialismo Democrático esa idea se disipa con la declaración del independiente-PPD, Jaime Araya, parlamentario crítico del ministro.
“El Gobierno está en un momento de mucha debilidad, complejidad, flancos abiertos en distintas materias y, por lo tanto, lo responsable es que lo podamos respaldar y votarla en contra”, explicó.
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Acusación contra Marcela Ríos
En una etapa más preliminar se encuentra la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos.
Este lunes se realizó la primera jornada de audiencias y en el Parlamento esperan que entre el 24 al 30 de enero se presente la defensa y se vote en comisión y en Sala.
Representando a la parte acusante el exsubsecretario Segpres, Máximo Pavez; y como abogado defensor de Ríos, el exministro y senador José Antonio Viera Gallo; debatieron sobre la responsabilidad constitucional de Ríos.
“Desde el punto de vista jurídico, la decisión del otorgamiento de los indultos es del Presidente. Que el acto esté suscrito conforme a derecho es de la ministra Ríos”, dijo Pavez.
“Las responsabilidades son de ella y del Presidente, pero no hay ninguna ilegalidad”, comentó Viera Gallo.
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En un almuerzo con el Partido Socialista (PS), Viera Gallo dio luces de la línea de la defensa, aunque también es sabido que no ha querido precisar si, a su juicio, el presidente Gabriel Boric contaba con todos los antecedentes para realizar 13 indultos.
Así las cosas, la impresión en el hemiciclo es que no se puede separar una acusación de la otra y que el resultado del juicio político contra Jackson podría impactar directamente la votación del de Ríos, que tendría más piso para privarla de postular a cargos públicos por cinco años.