El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) detalló a La Radio que desde abril de este año al 15 de diciembre de 2022 se han iniciado 1.754 procesos de expulsión administrativa. Todas firmadas por parte de la administración del director nacional, Luis Thayer Correa.
De ese total, a la fecha, según la entidad, han derivado 1.442 procedimientos de expulsión administrativa a la Policía de Investigaciones (PDI).
Así las cosas, el Sermig informó que desde marzo hasta fines de noviembre, la PDI concretó un total de 792 expulsiones.
Respecto de la naturaleza de cada expulsión, la PDI materializó 1.009 expulsiones judiciales y 25 expulsiones administrativas en lo que va del año.
En esa línea, parlamentarios de la mesa de seguridad cuestionan la baja ejecución de expulsiones administrativas, en comparación al alto número de migrantes irregulares que ingresa al país.
Instan a que Migraciones agilice expulsiones
El diputado Jaime Araya (IND – Bancada PPD), enfatizó en que “de ese acuerdo transversal por seguridad salga el compromiso de la Dirección Nacional de Migraciones, de agilizar las expulsiones administrativas“.
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En tanto, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) se refirió a la vertiente vinculada a las iniciativas de ley.
“Una complicación para terminar con el proceso es el cómo el Gobierno va a abordar el tema de la ley de terrorismo; el actualizarla y colocar indicaciones. Se está pidiendo que se coloquen plazos y fórmulas lo más concreta posibles”, sostuvo la legisladora.
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Cuestionamientos a falta de plazos
Mientras que el diputado Cristián Araya (Republicanos) refutó la lentitud en los tiempos que lleva adelante el Ejecutivo.
“Lamentablemente, el Gobierno ha actuado de forma extremadamente lenta frente a la grave crisis de seguridad que vive nuestro país. No hay plazos concretos en estas mesas de trabajo”, expuso el diputado Araya.
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Cabe destacar que el Ejecutivo renovó la urgencia del proyecto que reforma el Estado de Excepción Constitucional e ingresó las indicaciones al proyecto de infraestructura crítica.