La Comisión Investigadora del robo de madera de la Cámara de Diputados aseguró que no es posible concluir un vínculo entre este tipo de delito con la causa mapuche.

Así lo señalaron en el informe al que accedió Radio Bío Bío, que buscaba determinar responsabilidades políticas en la débil persecución de dicho delito en la Macrozona Sur.

De acuerdo a datos que maneja la Comisión Parlamentaria Especial, el flagelo involucra más de 25 mil camiones que circulan anualmente con madera robada. Esto último, ha causado al Fisco la pérdida de 100 millones de dólares.

En ese sentido, el informe asegura que “el fenómeno criminal del robo de madera, se ha convertido en una millonaria industria que, al no ser nunca perseguida con decisión de forma penal ni administrativa, ha ganado al Estado (y continuará haciéndolo) un vasto territorio”.

“Se observa una débil capacidad del Estado para abordar el fenómeno de robo de la madera, el que se trata de un complejo mecanismo que involucra una serie de etapas, donde su control no solo debe efectuarse en la prevención del delito o en la persecución en flagrancia”, añade el texto.

No se pudo establecer vínculo entre robo de madera y causa mapuche

En esa línea, se alude al caso de 32 aserraderos clandestinos ubicados entre las comunas de Cañete y Los Sauces, en un radio de 90 kilómetros, y que nunca han sido fiscalizados.

No obstante, destaca que “de acuerdo a los testimonios recabados en la Comisión, no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera”.

Al respecto, la comisión realizó una serie de propuestas para combatir el robo de madera, tanto en el ámbito de las policías, como también de instituciones como la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos.

“La Comisión llegó a la conclusión de que se necesitan más fiscales para la zona afectada por el robo de madera, y también que sean fiscales especializados”, se indica.

“Debe dotarse a los distintos organismos (Fiscalías, Policías, SII, Aduanas, Conaf) del equipamiento tecnológico que les permita una adecuada fiscalización en terreno y el cruce de información, entre sí y con las empresas del rubro, para establecer “sellos de buena madera”, que permita mejorar y uniformar la trazabilidad de la madera”, recomiendan.

Comisión investigadora recomienda reforzamiento de equipos y rotación

Por ejemplo, se pide reforzar los equipos investigativos con profesionales como ingenieros forestales, contadores, expertos tributarios y geógrafos.

Así también, se recomienda dotar a la PDI con recursos para el transporte aéreo autónomo e inmediato de sus equipos interdisciplinarios.

Y en el caso de Carabineros, se apunta a contar con la información de inteligencia y el equipamiento y tecnología necesarios para conocer los horarios y las rutas de transporte del material robado, como asimismo el origen y el destino de la carga.

Asimismo, se recomienda implementar un sistema de rotación de los efectivos policiales para evitar que una permanencia prolongada facilite hechos de corrupción.

“Dada la magnitud del negocio ilícito, no se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción esté instalada y, por ello, el Estado debe estar muy atento ante eventuales casos de corrupción que podrían estar vinculados a un negocio ilegal de estas características”, advierten.

“Tanto el SII como Conaf deben contar con equipos especializados y exclusivos, o con dedicación exclusiva, para fiscalizar en terreno los aserraderos clandestinos y la corta ilegal”, añade el informe.

“El SII y Aduanas deben poner en marcha un plan de fiscalización enfocado en el lavado de activos y en la persecución de la denominada “ruta del dinero””, aseguran.

También, se indica la necesidad de avanzar en la tramitación de proyectos de ley que se encuentran pendientes, como el de Inteligencia, Infraestructura Crítica, y el que tipifica y sanciona la usurpación.

“Debe prestarse atención no solo al robo de madera, sino también a la tala ilegal de bosque nativo, sobre todo en predios fiscales de gran envergadura, situados especialmente en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos”, señalaron.

Cabe destacar que la comisión estaba integrada por Eric Aedo (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Yovana Ahumada (Ind), Henry Leal (UDI), Miguel Mellado (RN), Emilia Nuyado (PS), Ericka Ñanco (RD), Mauricio Ojeda (Ind), Alejandra Placencia (PC), Jorge Rathgeb (RN), Jaime Sáez (RD), Héctor Ulloa (Ind) y Flor Weisse (UDI).