El Pleno de la Corte Suprema le otorgó seis meses a la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, para seguir con la investigación en el caso conocido como Fraude en el Ejército o Milicogate.
Recordemos que gracias a la denominada “Ley Rutherford”, la jueza puede extender su permanencia en un caso hasta por dos años más en el tribunal castrense, plazo que vence en marzo, aun cuando quedan varias diligencias y pesquisas pendientes.
En la resolución, el pleno del máximo tribunal acogió la solicitud formulada por Consejo de Defensa del Estado y extendió por seis meses, improrrogables, la destinación de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en la Corte Marcial, debido a la complejidad de la causa, a contar del 2 de marzo de 2023.
De los 15 ministros del máximo tribunal del país, solamente seis estuvieron por prorrogar el plazo a la ministra Rutherford, para asegurar el éxito de la investigación por un año.
Cabe destacar que la causa tiene más de 270 tomos en tramitación y unos de 870 archivadores con información proporcionada por distintos organismos. Además, tiene 80 tomos y 59 carpetas, junto con 102 cajas con antecedentes.
El proceso se encuentra dividido en más de 40 cuadernos, donde se encuentran las distintas aristas del caso, como Tecnodata, Empresas de Turismo y Gastos Reservados.
En sus indagatorias, Rutherford ha sometido a proceso a los últimos cinco excomandantes en Jefe del Ejército: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
Aunque, en el caso de este último, se revocó su procesamiento por el delito de fraude al Fisco.
Gonzalo Rodríguez, abogado del general en retiro Humberto Oviedo, enfatizó que espera que el próximo juez que reemplace a Rutherford, sea totalmente objetivo en sus indagaciones.
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En tanto, el defensor de Fuente-Alba, Miguel Cháves, cuestionó la justicia militar argumentando “el tribunal especial en esa sede” es contrario a los Derechos Humanos.
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Cabe destacar que la resolución del Pleno de la Corte Suprema, esta no está a firme ni ejecutoriada, debido a que el Consejo de Defensa del Estado puede interponer un recurso legal.