De tiempo en tiempo, las notarías vuelven a estar en el centro de la polémica, ya sea por la forma como son elegidos, sus vínculos con políticos y funcionarios del Poder Judicial, pero también por los montos que se cobran por sus trámites.

Por decreto del Ministerio de Justicia, las notarías tienen un precio máximo para cobrar por ciertos trámites, pero al parecer no es algo que sea respetado, tal como lo reveló un reportaje de Meganoticias.

De acuerdo a la información que recopilaron, hay notarías que cobran hasta 40 veces más del valor establecido por el Estado.

Por ejemplo, tramitar una promesa de compraventa debería salir $3 mil, precio que llega a los $5.500 si se quiere pasar a escritura pública. Sin embargo, en solo dos ciudades se respeta este valor: Temuco y Puerto Montt.

Hay otras comunas como Lo Barnechea, donde el precio alcanza los $120 mil, mientras que en Renca se cobra $100 mil, y en Las Condes alcanza los $90 mil.

Algo similar ocurre con los finiquitos, que de acuerdo al decreto, tiene un precio de $3 mil, aunque en algunas notarías se llega a cobrar hasta $20 mil.

Desde el gremio se defienden, acusando que los valores no han sido reajustados desde 1998. Así lo aseguró Alfredo Martin, vicepresidente de la Asociación de Notarios, quien apuntó que “las notarías se autofinancian, no reciben ningún recurso del Estado ni de nadie”.

“En consecuencia, si una notaría no logra financiarse, va a empezar a tener conflicto y quizás ese conflicto lo lleve a ser poco riguroso en el ejercicio de la función”, argumentó.

Recordemos que actualmente hay 342 notarios en todo Chile, los cuales tienen que atender a más de 50 mil habitantes por cada notaría existente, aproximadamente.

Pero quizá lo más controvertido, es que cuatro de cada diez notarios tiene o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial, según una investigación de Fundación América Transparente.

De acuerdo a los datos que recopiló, un 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un funcionario o exfuncionario del Estado, desde seremis, alcaldes, exministros, exsubsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema, entre otros.

Cabe destacar que nuestro sistema notarial ha permanecido casi sin modificaciones desde que la dictadura militar introdujera la última gran reforma, en 1982, y cualquier intento de cambio ha sido fuertemente resistido por el gremio.

Entre los principales objetivos es modificar el sistema de designación de notarios, dado que la terna para el cargo está en manos de la Corte de Apelaciones y la decisión final en el Ministerio de Justicia, por lo que se abriría un espacio para discrecionalidad basada en parentesco o amiguismo.