La jornada del lunes se conoció el “acuerdo por Chile” que lograron la mayoría de partidos políticos y movimientos con representación en el Congreso, aunque hay sectores que rechazan el acuerdo para una nueva Constitución.
Entre los sectores que rechazaron el acuerdo se encuentran el Partido Republicano, el Partido de la Gente y la diputada independiente, Pamela Jiles, quienes acusaron de “cocina política” o de ser “antidemocrático”.
Una de las primera en reaccionar fue Jiles, quien en duros términos publicó un tuit donde aseguró que la propuesta de nueva Constitución, será nuevamente rechazada.
“El pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática”, tuiteó Jiles.
Desde el Partido de la Gente (PDG) también rechazan el acuerdo, el presidente de la colectividad Luis Moreno, participó de una transmisión en línea donde aseguró que fueron excluidos de las conversaciones.
“Yo personalmente estoy molesto, porque nosotros en varias ocasiones insistimos que nos dijeran hora y lugar para las reuniones, de lo cual no tuvimos respuesta. Nos excluyeron del último proceso del trabajo constituyente al Partido de la Gente”, dijo Moreno.
“Esto no hace más que demostrar con hechos que existe una mala costumbre de decidir sobre los intereses de la ciudadanía”, añadió.
Otro sector que se mostró contrario al acuerdo fue el Partido Republicano, donde su único senador, Rojo Edwards, afirmó que es una copia de la primera Convención Constitucional y criticó que no existiese un plebiscito de entrada.
“Somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas- Este acuerdo logrado por los políticos, no es más que una Convención 2.0, lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada, es prácticamente lo mismo que rechazamos casi 8 millones de chilenos”, sostuvo.
“Como saben que actúan a espalda de la ciudadanía, decidieron saltarse un plebiscito de entrada, en que los chilenos podamos rechazar su cocina política y acuerdo”, agregó.
Cabe recordar, que partidos del oficialismo y oposición acordaron la conformación de un Consejo Constitucional con 50 representantes electos que trabajarán sobre la base de un anteproyecto realizado por 24 expertos designados por el Congreso.