12.729 denuncias se han presentado en la Superintendencia de Educación hasta el 31 de octubre de este año, según indicó el organismo, registrándose un alza importante de casos de violencia escolar respecto de 2019, último año de clases presenciales por la pandemia.
En 2019 la cifra llegó 9.966, es decir, se registra un alza de 21,7%.
Del total, 6.079 denuncias corresponden a maltrato a párvulos y/o estudiantes.
De eso, en tanto, un 71,2% son por situaciones de maltrato entre estudiantes y un 28,8% maltrato de adultos a estudiantes.
La Superintendencia de Educación informó que para el caso de la comuna de Santiago, entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2022, ha ingresado un total de 343 denuncias por distintas temáticas asociadas a los establecimientos educacionales, de todas las dependencias administrativas.
De esas, 158 corresponden a maltrato a párvulos y/o estudiantes, 123 por situaciones de maltrato entre estudiantes y 35 por maltrato de adultos a estudiante.
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sostuvo que se han abierto 577 procesos por casos de violencia en los liceos denominados emblemáticos de la comuna y descartó que exista alguna instrucción para no aplicar la Ley Aula Segura.
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Desde la Superintendencia de Educación indicaron que de las 6.079 denuncias que se han ingresado a nivel nacional por maltrato a párvulos y/o estudiantes, 158 están asociadas a establecimientos educacionales de la comuna de Santiago, lo que equivale a un 2,6%.
Violencia escolar y Aula Segura
Respecto a la aplicación de la Ley Aula Segura, un informe elaborado por la Defensoría de Niñez en marzo con información de la Superintendencia de Educación, constató que entre 2019 a 2020 se abrieron 1.135 procesos por la norma.
Esos involucraron a 855 estudiantes, concentrando la región Metropolitana el 35% de los procesos, seguida de la región de Valparaíso con un 12% y el Maule con un 8%.
Al analizar los resultados de los procesos, un 68% de los estudiantes involucrados no siguió en el establecimiento y un 32% sí.
Respecto a las causales, un 43% de los procesos se debió a “transgresión reiterada a las normas del establecimiento”, seguido de “agresiones físicas a otros estudiantes” (19%) y “agresiones físicas a docentes y/o asistentes de la educación” (13%).
Solo un 5% fue por atentado a la infraestructura y tenencia de artefacto incendiario, hechos que se supone se acabarían con la implementación de Aula Segura en 2019.