La violencia en la llamada “Macrozona Sur” crece. Así lo revela el reporte “Patrones territoriales de violencia en Macrozona Sur” de la oficina de urbanismo Atisba, que localizó 1.271 ataques entre 2018 y octubre de 2022. El panorama no es alentador: entre 2018 y 2022 los atentados subieron de 202 a 694.
Eso no es todo. Además del crecimiento en cifras, el área afectada -lógicamente- también aumentó de forma drástica. Se pasó de 39.454 hectáreas damnificadas a 668.151, un aumento de 16 veces de superficie. La longitud del conflicto, medido como la distancia entre los atentados ubicados en los extremos norte y sur, también creció: pasó de 402 kilómetros en 2018 a 758 en 2022.
Todo al alza. “Las regiones con atentado suben de 2 a 6, las comunas de 24 a 59 y la población expuesta a los atentados, de 904 mil a 2,2 millones de chilenos”, señala el estudio. Y agrega que “alertamos un desplazamiento de la violencia a las ciudades, incluyendo el área metropolitana de Temuco, que aumenta de 26 a 102 atentados, que ya ingresaron al área urbana”.
“Primera conclusión, este es un fenómeno que se está extendiendo y eso es muy preocupante. Segundo, está avanzando hacia las ciudades, hacia los centros poblados más relevantes. Hay un avance hacia el Gran Temuco, Victoria, Ercilla, hacia las ciudades, y hay una destrucción de economías locales vinculadas al turismo y agricultura”, señala Iván Poduje, director ejecutivo de Atisba, a Radio Bío Bío.
Además de Temuco, otras ciudades en “riesgo”, según el análisis, son Victoria, la cual ha multiplicado por 10 el número de atentados, pasando de 17 a 107 entre 2018 y 2022; Lautaro, que crece de 6 a 60 ataques; y Collipulli, de 17 a 91. Todas al comparar entre 2018 y 2022. “Estos ataques ocurren tanto en las periferias como en los centros cívicos para quemar recintos municipales, policiales o edificios públicos”, explica el reporte.
Al desglosar los ataques en siete categorías, los que más suben son los que afectan a infraestructura crítica -trenes, carreteras, aeródromas, antenas- y edificios públicos -escuelas, municipios, recintos policiales-, cuestión que “evidencia un intento por debilitar la presencia del Estado y de aislar la Macrozona Sur del país”, agrega el documento.
Mapa 1: Evolución de ataques año 2018:
Mapa 2: Evolución de ataques año 2022:
En los ataques a edificios públicos, incluyendo templos, se consignan 25 “ataques armados contra recintos o vehículos de Carabineros. En los casos de Ercilla en seis ocasiones y en Victoria en cuatro ocasiones, incluyendo la vandalización y destrucción de la animita construida en el lugar donde fue asesinado el cabo Eugenio Nain en Metrenco, comuna de Padre Las Casas”.
Asimismo, el estudio contabiliza “26 ataques armados e incendiarios contra escuelas rurales y urbanas, además de robos a equipos computacionales usados por alumnos”. Junto a esto, se identifican “35 ataques contra edificios públicos, incluyendo destrucción de tres instalaciones de CONAF, tomas e incendios coordinados en seis edificios municipales, dos edificios de gobernaciones, hospitales, postas rurales y consultorios. Además se atacaron y/o robaron vehículos de bomberos, ambulancias, camiones aljibes y se atacaron tres instalaciones de Agua Potable Rural (APR)”.
Sin ir más lejos, esta semana se concretó la primera visita del Presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de La Araucanía, la que no estuvo exenta de incidentes en la zona. Una escuela y una iglesia fueron quemadas en la provincia de Malleco, hechos que no pasaron inadvertidos para el Mandatario. “Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”, señaló el jefe de Estado tras ser consultado. En este punto el estudio de Atisba da cuenta de “13 iglesias o capillas evangélicas y católicas destruidas en zonas urbanas y rurales”.
Personas naturales tampoco han estado fuera de los radios de la violencia. “Vemos 28 ataques selectivos a personas importantes, como miembros del Poder Judicial, policías, dirigentes comunitarios, testigos o mapuche sindicados como ‘traidores’ por trabajar para empresas forestales”, consigna el análisis. Entre ellos se menciona el ataque incendiario a la casa del ex fiscal de Cañete, del alcalde de Collipulli, un ex juez de garantía de Cañete, la propiedad de la familia del ex convencional Fuad Chaín, entre otros.
Nivel de violencia
Son tres los niveles de violencia identificados: “violencia crítica”, los que se refieren a asesinados, ataques a personas e infraestructura crítica; “violencia alta”, los que apuntan a atentados a infraestructura crítica y ataques incendiarios a casas particulares, industrias, plantaciones forestales u hoteles; y “violencia media”, donde encontramos las usurpaciones y los ataques a camiones.
Al hacer zoom a cada uno de los niveles de violencia podemos ver, en base al estudio, que la violencia crítica alcanza los 492 atentados, con una superficie de 304.507 hectáreas, la violencia alta se empina en 362 incidentes con una superficie de 187.508 hectáreas, y la violencia media suma 417 incidentes con una superficie de 176.107 hectáreas.
“Lo más preocupante es la malla vial del conflicto. Si sumamos la longitud de los caminos con atentados, el resultado es una red de 3.121 kilómetros, que incluye 267 kilómetros de la Panamericana sur, 1.580 kilómetros de rutas regionales y comunales pavimentadas y 722 de caminos interiores o rutas forestales de difícil acceso, la mayoría de tierra o ripio”, consigna el estudio.
Rutas afectadas por la violencia en la Macrozona Sur:
Al factor de inseguridad en la zona, se suma otro elemento: el económico. “Además de las pérdidas humanas, y el terror que viven 2,2 millones de personas en sus hogares o las rutas, el terrorismo de la Macrozona Sur destruyó las economías turísticas de Los Lagos, Lleu-Lleu y Lanalhue, los balnearios de Tirúa, Quidico y Lebu”, da cuena el análisis.
“Estamos ante un conflicto que se extiende sin control, pasando ya a seis regiones, lo cual es muy peligroso. Está avanzando hacia los centros poblados y podría eso aumentar, y subir la intensidad de los ataques y la capacidad destructiva de esos que ya han destruido economías regionales, y que claramente denota una guerra contra el Estado de Chile y las instituciones que lo representan, y creo que eso, cuanto ves el tipo de infraestructura que se ataca, al tipo de personas que se ataca, ciertamente que es muy peligroso, cierra Poduje.