La ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por malversación de caudales públicos.
A raíz de lo anterior, ordenó su ingreso al batallón de policía militar de Peñalolén como medida de prisión preventiva por dicha causa.
El militar en retiro está siendo indagado por una de las tantas aristas del millonario fraude en el Ejército que investiga la ministra Rutherford; en particular, por la causa Gastos Reservados.
En la decisión la magistrada procesó a Juan Emilio Cheyre Espinoza por perjuicio fiscal por un monto total de $128.638.559 (ciento veintiocho millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos).
Durante el proceso, Cheyre acudió al interrogatorio con Rutherford a fines de septiembre, en cuya instancia declaró por más de 10 horas ante la ministra en visita.
Mediante una declaración pública, la defensa de Cheyre aseguró que “el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los excomandantes en jefe mediante un decreto presidencial. Por ello, nuestra opinión es que la resolución que lo ha sometido a proceso es injusta e improcedente y estamos analizando los caminos a seguir para impugnarla”.
Asimismo, subrayaron que “Juan Emilio Cheyre, como corresponde, ha prestado colaboración en todas sus declaraciones”.
Cabe destacar que el exjefe castrense fue condenado en primera instancia, en 2018, por encubrir 15 homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973.
De esta forma, se transformó en el primer ex comandante en jefe del Ejército en ser sancionado por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
Ampliación para excomandantes Fuente-Alba e Izurieta
En tanto, la ministra Rutherford amplió los procesamientos de los excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Óscar Izurieta Ferrer, también por malversación, por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.
En tanto, se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial y se decretó arraigo nacional para los tres militares en retiro.
Acto seguido, la ministra ordenó el embargo de bienes de Juan Emilio Cheyre por un monto total de $140 millones y amplió los embargos de Fuente-Alba por $55 millones y de Izurieta por un monto de $105 millones.