Los fiscales María Constanza Izurieta y Andrés Iturra fueron removidos del Ministerio Público, tras un sumario que enfrentaron por haber ayudado al general en retiro, Óscar Izurieta, a desprenderse de sus bienes, en el marco del denominado Milicogate.
Así lo dictaminó el fiscal regional Metropolitano Oriente subrogante, Felipe Sepúlveda, tras el término de un sumario administrativo en contra de la pareja, quienes son la hija y el yerno del excomandante en jefe del Ejército, respectivamente.
María Constanza Izurieta desempeñaba labores en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, mientras que Andrés Iturra era fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Las Condes.
Recordemos que ambos fueron acusados de faltas a la probidad y afectar la imagen del Ministerio Público, tras descubrirse el traspaso de bienes de origen ilícito del excomandante en jefe del Ejército.
El hecho quedó al descubierto en el marco de la investigación penal que lleva adelante la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford.
Esta última investiga al general (r) Izurieta por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, por el uso de gastos reservados del Ejército.
En medio de la investigación, el excomandante en Jefe de la institución castrense se habría hecho traspaso de bienes provenientes de dichos eventuales ilícitos a sus hijas, cuestión que podría constituir un delito de lavado de activos de la Ley N° 19.913.
Pero además, con esta “jugada”, Izurieta evitó el embargo de sus bienes.
De acuerdo al sumario, el traspaso lo habría hecho debido a enfermedades que le hicieron “temer por su vida”, argumento que fue considerado “inverosímil”, dado que era conocido que enfrentaba un proceso judicial.
Al respecto, desde el Ministerio Público declinaron pronunciarse sobre la drástica medida, dado que aún puede ser apelada ante la Fiscalía Nacional, que podría rebajar la sanción y evitar su salida del órgano persecutor.
No obstante, en paralelo, Izurieta e Iturra enfrentan una investigación penal de oficio por el presunto delito de lavado de activos, y que fue ordenada por el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Dicha indagatoria está en manos de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.