La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció el ingreso al Congreso del proyecto de ley para facilitar las expulsiones judiciales de extranjeros condenados por la Ley 20.000.
Esto, como una forma de revertir un aspecto de la Ley de Migraciones, donde se introdujo la prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la Ley de Drogas, de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.
Según detalló la autoridad, lo anterior, enmarcado en el plan de y combate contra de la organización criminal al interior de los recintos penitenciarios, y en línea con la política de seguridad del Gobierno.
No obstante, quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas, no pueden tener a su haber condenas por Ley de Drogas superiores a los cinco años y un día.
Así también, solo se considerarán a personas ya condenadas y que sean “primerizos”, es decir, sin condenas previas por el mismo delito.
De esta manera, la persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años.
Y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad.
“Hemos ingresado un proyecto de ley que venimos trabajando desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a delegados presidenciales, parlamentarios, en particular de la zona norte del país, para hacernos cargo de este tema”, señaló la ministra Ríos.
“Con la modificación que se realizó el año pasado a la Ley de Migraciones, se introdujo una prohibición para expulsar personas que estuvieran condenadas por algún delito de la Ley 20.000”, detalló Ríos.
“Alrededor de novecientas o mil personas, desde el 12 de febrero en adelante, no podrán ser expulsadas producto de esta prohibición”, indicó la secretaria de Estado.
Proyecto busca facilitar expulsión de extranjeros condenados por Ley de Drogas
Con esta iniciativa se busca, además, descongestionar los recintos penitenciarios del país con foco en la seguridad tanto de los internos como del personal de Gendarmería.
“Nosotros queremos tener esta discusión con altura de miras, buscando resguardar la seguridad de las comunidades receptoras, y también alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país”, agregó.
Según se detalló, la población migrante recluida se ha incrementado y se concentra en el norte del país.
De acuerdo con Gendarmería de Chile, ha crecido desde un 3,7% en 2013 a un 10,3% a abril del presente año, con 4.298 personas extranjeras.
Asimismo, del total de personas extranjeras recluidas en centros penitenciarios, el 86% se encuentra recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.