Un grupo de diputados UDI impulsó un proyecto para que se se pueda presentar una acusación constitucional contra los embajadores.
El artículo 52 de la Constitución permite que los parlamentarios presenten este tipo de acciones contra el Presidente de la República; de ministros de Estado; y de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República.
A estos se suman los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional; y los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales.
Sin embargo, tras las polémicas protagonizadas por el embajador chileno en España, Javier Velasco, los diputados gremialistas pidieron que se sume a este tipo de autoridades a la lista.
Acusación constitucional contra embajadores
De acuerdo a los firmantes, esta iniciativa se presenta “atendida la necesidad de hacer efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas por actos u omisiones graves en el ejercicio de su cargo”.
“Sin duda, los embajadores desempeñan una labor primordial en la política exterior del país, detentando la representación diplomática de Chile ante otros Estados que se encuentran insertos en el sistema internacional”, agregan.
Por ello, consideran que es “de toda lógica que exista un mecanismo, dentro de las herramientas que otorga nuestro Estado de Derecho, para iniciar un procedimiento que permita juzgar política y jurídicamente a los embajadores por eventuales infracciones graves”.
En los primeros seis meses de la administración de Boric, la oposición impulsó una acusación constitucional en contra de la exministra del Interior, Izkia Siches. Esta acción fue rechazada en su cuestión previa, por lo que no prosperó.
Además, hasta ahora no hay claridad si es que se presentará una acusación en contra del actual titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.