Desde la Superintendencia de Salud respondieron duramente a la Asociación de Isapres, que cuestionó la metodología de cálculo utilizada en el proceso de verificación y que derivó en aumentos de entre 1,4% y 7,6% en los planes, afirmando que las aseguradoras “no pueden tener la pretensión de que la adecuación se transforme en un salvataje, en perjuicio de sus afiliados“.
El regulador sostuvo que las 6 isapres abiertas “conocían claramente cómo se realizaría el cálculo y, además, tuvieron la posibilidad de presentar recursos de reposición o jerárquicos si no estaban de acuerdo con éste, y no lo hicieron”.
Además, dijo que es incorrecto señalar que el criterio del cálculo no es consistente con la Ley 21.350 -de Reajustabilidad de Planes de Isapre-, “ya que la verificación se realizó considerando la metodología utilizada para el Indicador de Costos de la Salud, que es un promedio ponderado de la variación de costos del sistema”.
“El alza ya había sido dejado sin efecto”
El superintendente Víctor Torres afirmó que “malamente la Superintendencia de Salud podría haber contrastado, tal como las isapres pretendían, una metodología de cálculo entre variaciones de costos acumuladas con un indicador calculado como un promedio ponderado“, señalando que la propuesta planteada por la industria “implica que todas habrían alcanzado verificaciones por sobre el 7,6%“.
“De haber considerado la verificación, la metodología establecida por las isapres de manera acumulada como lo pretendían, era una forma de eludir el cumplimiento de la ley, permitiendo que estas cobraran a las personas afiliadas el alza que ya había sido dejada sin efecto por el Congreso durante la pandemia“, señaló Torres.
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En esa línea, acotó que “en ningún caso consideramos que estos emplazamientos sin fundamentos contribuyan o faciliten el diálogo, el que siempre debe darse dentro del marco legal y sin afectar arbitrariamente a las personas”. Lo anterior, en medio del congelamiento de la mesa de trabajo que llevan adelante con el Ministerio de Salud.
El martes, la Asociación de Isapres estimó en 94 mil millones de pesos las pérdidas que generará el nuevo proceso de adecuación, enfatizando en que las acciones del regulador estarían impactando “aún más la sostenibilidad financiera” del sector.