La jornada de este jueves, el general Guillermo Paiva, presentó su renuncia como jefe del Estado Mayor Conjunto, luego que se informara que habría estado en conocimiento de la filtración de correos que afectó a dicho estamento.
De acuerdo a información de Radio Bío Bío, Paiva tomó la decisión en medio de la ola de cuestionamientos y controversia que existe respecto de si informó o no al Gobierno respecto de la vulnerabilidad de los sistemas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto a posibles hackeos.
A lo anterior, se suma que -de acuerdo a algunas versiones- en mayo pasado habría entregado verbalmente una impresión al respecto al Ministerio de Defensa, de la cual no existe ningún documento que señale y confirme su advertencia respecto que el Estado Mayor haya sido víctima de un hackeo internacional.
Estos hechos, están en el contexto de que el grupo hacktivista Guacamaya ingresó a los sistemas de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto en el mes ya mencionado.
En ese sentido, en distintas plataformas se advirtió que en las próximas horas se conocerían los correos electrónicos de empresas privadas, pero también de Perú, El Salvador, Ecuador, Colombia y México que están directamente relacionados con inteligencia militar.
La filtración de correos, provocó el regreso el país de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien se encontraba participando en las actividades de la Asamblea de la ONU en Nueva York, junto al Presidente y otros miembros del gabinete.
El hackeo liderado por el grupo hacktivista Guacamaya liberó más de 300 mil archivos reservados del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional de Chile.
Los documentos internos -analizados por la Unidad de Investigación de BioBioChile– detallan, entre otras comunicaciones, los cuidados, complicaciones y los gastos operacionales de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción instaurado en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, bajo el mandato del ex Presidente Sebastián Piñera.
De acuerdo se desprende de los informes secretos a los que accedió este medio, la Armada y el Ejército de Chile desembolsaron, entre octubre de 2021 y abril de 2022, más de 1.200 millones de pesos. Todo ello, pese a que reportes internos evidencian la escasez de equipamiento básico para los uniformados desplegados en la zona.
Por su parte, el Consejo para la Transparencia (CPLT) oficiará al Estado Mayor Conjunto para obtener mayores antecedentes sobre el hackeo que sufrió el organismo.