Los partidos que conforman el Frente Amplio entregaron su propuesta para un nuevo proceso constituyente que termine en la redacción de una nueva Constitución, en un plazo no mayor a cinco meses.
Al respecto, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, explicó que se trata de una propuesta “para avanzar en un nuevo proceso democrático, con altos estándares de participación, con contenidos que son mínimos democráticos, como el Estado Social y Democrático de Derecho”.
“Creemos que no podemos retroceder en los mínimos democráticos que la ciudadanía ha definido”, advirtió.
“Y en ese sentido, el mandato es claro. Una nueva constitución, por una parte, y, por otra parte, una Convención Constitucional electa por la gente”, agregó Pérez.
La propuesta del Frente Amplio para nuevo proceso constituyente
A través de un documento oficial, el conglomerado oficialista hizo pública su propuesta, donde destaca la elección de una nueva Convención, junto a un comité técnico.
“Chile necesita de una nueva constitución escrita en democracia”, señala.
“El objetivo del proceso constituyente es dotar a Chile de una nueva Carta Magna, reconociendo el carácter obsoleto de la Constitución de 1980 que actualmente nos rige y el mandato popular expresado en el plebiscito nacional de octubre del año 2020”, agrega.
Al respecto, se propone elegir nuevamente una Convención constitucional, paritaria, con participación de independientes y escaños reservados para pueblos indígenas.
“Consideramos que no se puede retroceder respecto de los mínimos democráticos definidos en el proceso constituyente 2021-2022 donde el carácter paritario del órgano y la incorporación de los pueblos indígenas al debate nacional fueron imprescindibles para la legitimidad del proceso”, argumentan.
Piden iniciar nuevo proceso con “hoja en blanco”
Respecto a los plazos, el Frente Amplio propone que el desarrollo de la Convención no debiese ser superior a 5 meses.
“Teniendo a la vista dicho objetivo es que proponemos realizar la elección de convencionales constituyentes durante el mes de abril, dar inicio a la Convención Constitucional en mayo y realizar el plebiscito ratificatorio en diciembre del 2023”, señalan.
Asimismo, se apunta a iniciar con una “hoja en blanco”, incorporando como insumos los resultados del proceso deliberativo durante el último gobierno de Michelle Bachelet en el proyecto de nueva constitución 2022 y los informes técnicos de las comisiones de la Convención Constitucional.
Comité técnico para elaborar reglamento y acompañar proceso
Pero también, se propone incorporar un comité técnico en el proceso, integrado por expertos elegidos por los tres poderes del Estado, así como del mundo académico, Municipalidad, Organizaciones de la sociedad civil y Contraloría, entre otros.
Su trabajo, en tanto, será preparar la instalación de la nueva Convención, incluyendo el reglamento, y dar acompañamiento técnico al proceso de deliberación, redacción y armonización de la nueva propuesta.
Sobre el reglamento, se pide que sea aprobado previamente por el Congreso.
“Proponemos la creación de mecanismos de participación ciudadana a cargo del gobierno y las Municipalidades donde se considere al menos la realización de una consulta ciudadana de priorización de temas a regular en la nueva constitución”, se agrega.
“Proponemos que no existan inhabilidades de postulación a la convención para cargos de elección popular, debiendo suspender temporalmente el cargo durante el desarrollo de la campaña, ni inhabilidades para dirigentes sociales, a fin de recoger experiencias políticas y de liderazgo social”, indican desde el Frente Amplio.
Así también, se pide incorporar a la Biblioteca del Congreso Nacional como órgano a disposición de los convencionales integrantes de la Convención Constitucional para la provisión de los mismos servicios que ofrecen a los parlamentarios/as, pudiendo brindar capacitación previa a los convencionales electos sobre las principales materias de discusión constitucional.
Por último, se solicita “establecer expresamente el rol de difusión del trabajo de la convención a Gobierno y municipalidades durante todo el desarrollo de la convención, debiendo entregar además información relevante durante la campaña del plebiscito ratificatorio”.
“Sugerimos además que el Gobierno se encargue de gestionar la administración de todo el proceso. Por último, proponemos que tanto el Gobierno como los Municipios deban ser escuchados en el marco de la deliberación de las comisiones”, concluye.
Revisa el documento completo a continuación: