Más de 100 parlamentarios han recibido amenazas a través de correos electrónicos para frenar un nuevo proceso constituyente, lo que derivó en que lo secretarios de ambas cámaras presentaran denuncias en la Policía de Investigaciones.
En específico, las denuncias fueron presentadas en el Departamento de Cibercrimen Metropolitano, el cual ya se encuentra efectuando las diligencias respectivas.
La situación fue confirmada de forma transversal por diputados que conversaron con Radio Bío Bio Bio, anunciando que tomarán acciones legales.
Fue el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Alexis Sepúlveda, quien confirmó que por medio del secretario general de la Cámara Baja se ingresó una denuncia ante la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), por diversas amenazas que han recibido más de cien parlamentarios.
A sus declaraciones, se sumaron las de diputados de distintos sectores que confirmaron la situación y la intención, por parte de los amedrentadores, de frenar el proceso constituyente.
El presidente de la Cámara Baja, el diputado del PPD, Raúl Soto, utilizó su cuenta de Twitter para dar cuenta de la situación, estableciendo que no detendrán el camino del diálogo para habilitar un nuevo proceso de cambio constitucional.
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En tanto, el diputado liberal, Vlado Mirosevic, confirmó que ha recibido amenazas y comentó que seguirán haciéndose cargo de esta fractura constitucional, por el camino de hacer una nueva Constitución.
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En la oposición, también denuncian que han sido víctimas de las amenazas. Fuentes de La Radio pudieron confirmar esta situación, revelando que algunos parlamentarios no quieren hablar para no provocar temor en sus familias.
Quien sí se refirió al tema fue el diputado UDI, Álvaro Carter, quien calificó de cobardes estas amenazas por mail, agregando que espera que los culpables sean perseguidos con todo el rigor de la ley.
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Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, detalló que los correos que se recibieron advierten a los parlamentarios del posible allanamiento a sus domicilios en caso de continuar con el proceso constitucional, ofreciendo información sobre las direcciones particulares de diputados y senadores.