La ministra del Interior, Izkia Siches, adelantó que el Gobierno reforzará el despliegue de las distintas fuerzas en la Macrozona Sur, tras el último hecho de violencia registrado en Contulmo.
Cabe recordar que tres personas quedaron heridas -una de ellas en riesgo vital y con una pierna amputada- tras un ataque incendiario que afectó al molino Grollmus.
A raíz de ello, desde La Moneda pidieron a la Fiscalía que investigue los delitos de homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación, porte de armas y municiones e incendio, entre otros. Sin embargo, no se querelló por Ley Antiterrorista.
“Hemos tenido unos lamentables hechos en Contulmo, que han dejado un adulto mayor con una amputación y que se mantiene en ventilación mecánica grave. Son hechos gravísimos que rechazamos tajantemente”, señaló Siches.
En ese sentido, sostuvo que “hemos estado intentando fortalecer los niveles de coordinación y despliegue que existen, particularmente en Bío Bío. Por lo mismo, hemos acordado reforzar el despliegue de las distintas fuerzas”.
Este viernes se realizará una reunión entre la ministra de Defensa, Maya Fernández; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y los jefes de las distintas fuerzas de seguridad, con el fin de determinar de qué forma se implementará esta medida.
Asimismo, la secretaria de Estado espera una mejor coordinación con el Ministerio Público para abordar materias preventivas.
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Diputado Longton (RN): “¿Por qué todo a medias?”
Desde la oposición aseguran que este reforzamiento llega tarde. “¿Por qué tanta tardanza? ¿Por qué acotado (el Estado de Excepción)? ¿Por qué todo a medias?”, cuestionó el diputado Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional.
“El terrorismo y la violencia no es acotada. ¿Por qué tiene que recién venir a reforzar? Ya hay muchas vidas perdidas; personas han perdido sus casas y sus terrenos; y lo de la familia Grollmus podría haber sido evitado”, agregó.
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En paralelo, un grupo de senadores de la DC solicitaron al presidente Boric que patrocine una reforma a la Ley de Seguridad del Estado.
Se trata de Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, quienes buscan que los gobernadores regionales también puedan querellarse por hechos constitutivos de delitos. Esto, ya que hasta ahora sólo puede hacerlo el Ejecutivo.
De acuerdo a Rincón, se debe “eliminar el monopolio de la querella y la denuncia por parte del Ministerio del Interior por delitos contra la seguridad de los habitantes de nuestro país”.
“Los gobernadores regionales deben tener las herramientas para poder defender la seguridad de los habitantes de su territorio”, añadió la parlamentaria.