La Cámara de Diputadas y Diputados dio hasta el próximo lunes 5 de septiembre como plazo final, para que los 78 parlamentarios y parlamentarias sorteados se realicen el test de drogas.

Inicialmente, se había definido un tope de plazo hasta este 30 de agosto, pero se habilitó un período hasta el lunes en el caso de los parlamentarios rezagados, y para quienes contaban con licencia médica.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible esta semana el recurso de protección de cinco diputadas de Apruebo Dignidad: Clara Sagardia, Marisela Santibáñez, Lorena Fríes, Ana María Gazmuri y Francisca Riquelme.

Las diputadas planteaban que el reglamento vulnera la protección a la vida privada, la integridad física y psíquica, la honra y las garantías constitucionales.

La diputada Riquelme dijo que ella no consume drogas pero es contraria a la medida, advirtiendo que es más importante legislar que hacerse un examen, y confirmó que están recurriendo ante la Corte Suprema.

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, valoró el fallo unánime del tribunal de alzada porteño y dijo que fomenta la transparencia, además de permitir colaborar con el objetivo central que según planteó, lo motivó a ser uno de los principales impulsores de la medida; es decir, conocer posibles vínculos de parlamentarios con el narcotráfico.

Coloma llamó a las parlamentarias a realizarse el examen, y además les pidió adelantarse y desde ya inhabilitarse para votar proyectos realizados con la Ley 20 mil de drogas.

En el caso que un diputado arroje positivo en el test, se levantará el secreto bancario de aquel parlamentario, además que su nombre será de conocimiento público.

Luego, en el caso en que la o el diputado tenga ingresos por mes superiores a los cerca de 27 millones de pesos, y no pueda acreditar su origen, se enviarán los antecedentes a la Comisión de Ética del Congreso.

Será en esta instancia en donde se penalizará al político con una sanción que puede variar entre el 2% y el 15% de su dieta.