A raíz de las solicitudes que hicieron el año pasado el senador Matías Walker y el exdiputado y actual subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, sobre el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública del Gobierno anterior -a cargo de Paula Daza- y la ejecución de la estrategia “Fronteras Protegidas”, la Contraloría General de la República se pronunció sobre estos hechos.
El órgano contralor determinó que en el marco de este plan para enfrentar la situación de emergencia sanitaria por el covid-19, se privilegió arbitrariamente a dos agencias de viaje.
“En este contexto, aparece que la referida autoridad ministerial, en los hechos, adoptó una determinación que puso en una situación de ventaja a dos agencias de viajes, en desmedro de los demás posibles interesados, sin acreditarse que se hayan cumplido las mencionadas exigencias que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado y que buscan cautelar la observancia de los principios de juridicidad, probidad, transparencia, escrituración, interdicción de la arbitrariedad y de libre concurrencia, e igualdad de los oferentes”, se detalló desde la Contraloría.
La singularizada Subsecretaría de Salud Pública argumentó las razones de por qué seleccionó únicamente a las agencias de viaje Turismo Cocha S.A y Travel Security S.A, para que prestaran, en forma exclusiva, la intermediación del servicio de hotelería a los pasajeros que debían -tras su llegada a territorio nacional desde el extranjero- cumplir con su aislamiento, en el marco de la pandemia.
Cabe destacar que fue un usuario de Twitter, Rodrigo Vega, quien dio a conocer este informe de Contraloría sobre las empresas de viaje que fueron privilegiadas en el gobierno anterior, durante la jornada de ayer.
Contraloría se refiere a estrategia “Fronteras Protegidas”
Desde Contraloría señalaron que pese a que la Subsecretaría de Salud Pública informó que “las contrataciones no se regirían por lo previsto en la ley N° 19.886 y su reglamento, toda vez que la propia subsecretaría -en un oficio de 2021- los ha considerado “convenios de colaboración” y que no existiría un pago del Estado como contraprestación, lo cierto es que de todos modos resulta aplicable en la especie el citado artículo 9° de la ley N° 18.575, precepto que ordena que las contrataciones que celebre la Administración del Estado se hagan previa propuesta pública, a menos que concurran las circunstancias excepcionales que hagan procedente la licitación privada o el trato directo, lo cual ha de disponerse a través de un acto administrativo debidamente fundado”.
“Por consiguiente, y en tales condiciones, se debe concluir que no se ajustó a derecho lo obrado por la Subsecretaría de Salud Pública para efectos de concretar el servicio de intermediación hotelera respecto del cual se ha reclamado”, fue el pronunciamiento del órgano contralor.
Contraloría incluso advirtió una “eventual existencia de vínculos de parentesco de funcionarios o exfuncionarios de la Administración del Estado con personas que tendrían participación en calidad de representantes legales o accionistas tanto de las individualizadas empresas como de otras asociadas a ellas, lo que podrían configurar situaciones de conflicto de intereses (…)”.
El órgano contralor estimó pertinente remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía, con el fin de que se instruya un procedimiento disciplinario tendiente a establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones antes referidas.