La oposición criticó las indicaciones del Gobierno al proyecto que sanciona el robo de madera y esperan que la sala del Senado ratifique cuanto antes el aumento de penas para este ilícito.

Además, cuestionaron que el Ejecutivo intenta comenzar de cero el debate por la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

En específico, la iniciativa de ley crea sanciones para algo que en la actualidad no está tipificado como delito, sumado a los derivados del proceso criminológico que se ha instalado en la Macrozona Sur y que muchos parlamentarios -tanto en la Cámara Baja como en el Senado- atribuyen como uno de los principales puntos del conflicto que en la actualidad mantiene bajo Estado de Excepción Constitucional a cuatro provincias de la zona.

En la Comisión de Seguridad del Senado ya se había logrado el despacho de las indicaciones del Ejecutivo, algunas de ellas aprobadas y otras rechazadas, que avanzaron a un debate particular en la Sala del Senado y que la próxima semana va a tener una votación clave, ocasión en que la iniciativa será despachada a tercer trámite constitucional.

En la comisión ya señalada, el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, criticó las indicaciones del Gobierno, asegurando que muchas de ellas buscaban suavizar las técnicas de investigación de una iniciativa que tiene como objetivo generar sanciones y -eventualmente- instancia de presidio efectivo en lo referido al robo de madera.

La iniciativa, busca establecer que haya penas aplicadas que sean similares a las del delito hurto, donde incluso se genera un gradación que va desde la aplicación de multas hasta indagatorias contra el crimen organizado, las que podrían terminar con penas de presidio de carácter menor.

Ante el escenario de ser sorprendidos los responsables con madera que supere las 10 UTM, se aplicaría una multa, mientras que en el caso que el hurto supere las 50 UTM, es decir, sistémico y organizado, se podrían aplicar técnicas especiales de investigación.

Este último elemento ha sido largamente discutido en el Senado, por lo que el senador de la DC, Francisco Huenchumilla, sostuvo que está muy bien el pensar en técnicas de indagación que puedan operar sobre delitos ya consumados.

Eso sí, precisó que es importante generar una política preventiva, criticando que esto esté ausente en el debate.

Otro punto de debate y conflicto en el Senado de la República es el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, iniciativa que lleva muchos años en el Congreso y que no ha podido salir del primer trámite constitucional.

Esta iniciativa va acompañada con algunos apuntes del Gobierno que fueron ingresados en una indicación sustitutiva extensa, que también ha sido cuestionada por senadores de oposición, ya que de alguna manera empieza el trámite de cero en cuanto a que parece ser un proyecto original.

Esto último, es básicamente utilizar -como se ha hecho en el pasado- como un “cascarón” la iniciativa del ministerio en cuestión para ingresar una serie de propuestas que involucran mayor control civil de las instituciones policiales, mejoras en el diseño institucional de la nueva cartera, así como las nuevas 16 subsecretarías que serían creadas, la incorporación de la perspectiva de género y también delimitar, sistematizar y fortalecer las funciones del Ministerio del Interior, el que ya no trataría temas de seguridad pública.

La diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Alejandra Placencia, indicó que es relevante que se avance en la creación de este nuevo ministerio.

El proyecto propone separar la seguridad pública de la gestión política del jefe de gabinete, esto considerando que el Ministerio del Interior está encargado tanto de los político como la seguridad, de la migración y desastres naturales, entre otros aspectos.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, todo lo anterior disminuye la capacidad de abarcar ciertos desafíos de importancia para el Estado.