La Comisión de Pesca del Senado comenzó la tramitación del proyecto que anula la ley de Pesca, y además de dar un plazo para definir la lista de invitados que incluirá a los ministros de Economía y SEGPRES, Nicolás Grau y Giorgio Jackson, acordó pedir alguna urgencia legislativa al gobierno.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, destacó la importancia de que el Senado, cámara donde se comprobaron hechos de corrupción en la ley de pesca, apruebe su anulación.
“La aprobación de la anulación de esta ley de pesca sería una señal muy potente contra la corrupción, por tanto la anulación es un reconocimiento de que esta ley es ilegítima por los vicios de origen. Por supuesto la derecha y la UDI han señalado que sería inconstitucional, ellos siempre van a defender los derechos de las grandes empresas”, dijo el legislador.
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Por su parte, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinosa, desestimó la importancia de la iniciativa, indicando que valdrá la pena cuando se presente un proyecto para reemplazar la actual ley de Pesca.
“Aquí lo que importa es que el Gobierno presente un proyecto de ley, cuando tengamos un proyecto de ley que discutir obviamente todo va a ser muy ágil. Este proyecto no va a tener ningún efecto si no hay ninguna ley. Se puso un transitorio que dice que en dos años pudiésemos tener una nueva ley de pesca, y este proyecto entra en vigencia sólo cuando tengamos una nueva ley”, afirmó Espinosa.
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Este trámite no podrá escapar el debate de la constitucionalidad, porque integrantes de la comisión, como el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, son de la tesis de que la nulidad no existe, y lo que correspondería es una derogación.
“No existe la anulación, sí existe la derogación. Esta urgencia se hace con motivo del próximo plebiscito”, afirmó Moreira.
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El gobierno comprometió que a comienzos de septiembre iniciará un despliegue nacional para hablar con todas las caletas de pescadores artesanales, y se espera un borrador de una nueva ley de pesca a finales de este año, o a comienzos del 2023.