El Ministerio Público emitió un oficio a la Segpres solicitando apreciaciones sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía, por malversación de caudales públicos.

Recordemos que el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, interpuso una querella por la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.

Esto último, se realizó a través de una contratación directa con la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por más de 400 millones de pesos ($444.615.384).

De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, la cartera encabezada por el ministro Giorgio Jackson tendrá 30 días para responder al oficio.

Segpres: “Vamos a prestar toda la colaboración”

Al respecto, desde la Segpres aseguraron que prestarán toda la colaboración con el organismo persecutor.

“El Ministerio Público ha emitido un oficio a este ministerio solicitando las apreciaciones sobre la investigación que lleva adelante”, señalaron.

“Tal como señalamos públicamente, vamos a prestar toda la colaboración y antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, cumpliendo además con los plazos requeridos”, concluyeron.

Revisa el documento a continuación:

Fiscal Abbott: “La investigación tendrá el tiempo necesario”

Al respecto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó la diligencia que realizó el Ministerio Público.

“Lo que se ha pedido es una información inicial en término si es efectivo el hecho de la adquisición, y luego, cuál es la justificación legal, para luego ver si ella se encuadra dentro del marco legal y si eventualmente aquello puede ser constitutivo de algún delito en particular, como señala los querellantes”, dijo.

“El Ministerio Público tiene que reunir todos los antecedentes necesarios para poder luego tomar alguna decisión respecto de la querella que ha sido presentada y aceptada a tramitación”, aseguró.

Respecto a los tiempos de la investigación, tomando en cuenta que el Plebiscito se realizará en tres semanas, Abbott descartó que esto afecte la indagatoria.

“La sanción de un eventual delito cometido por un funcionario público, no tiene ninguna relación con el Plebiscito”, aclaró.

“En consecuencia, la investigación tendrá el tiempo necesario para poder tomar una decisión fundada”, apuntó.