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Un total de 1.687 automóviles indocumentados han sido incautados este año en Bolivia, provocando una afectación cercana a los 35,5 millones de dólares. Una gran mayoría de ellos proviene del norte de Chile y, de acuerdo a expertos, este mercado ilegal tendría vínculos con el narcotráfico. En ese sentido, piden mayor cooperación entre ambos estados para detener el paso de vehículos irregulares.
El contrabando de vehículos es un problema que afecta cada vez más a las economías de Chile y Bolivia.
Entre enero y julio de este año, fueron incautados 1.687 automóviles indocumentados en el país vecino. La gran mayoría de ellos se localizó en la región andina de Oruro (515) y en La Paz (494), provocando una afectación cercana a los 35,5 millones de dólares, de acuerdo a cifras de la Aduana Nacional.
Aquellos motorizados que logran burlar los controles circulan sobre todo en las poblaciones fronterizas bolivianas, muchos sin papeles de control y otros con documentos clonados.
En ese contexto, surgen voces de personas que compraron estos vehículos, llamados “chutos” en Bolivia, y que reclaman amnistías para su nacionalización o regulación.
Se desconoce la cifra exacta de automóviles “chutos” que circulan actualmente en el país altiplánico, aunque los cálculos más moderados hablan de 200 mil unidades. Sin embargo, el gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Orlando Encinas, habla de 500 mil.
“No es a nosotros a quienes están afectando directamente los importadores “chutos”. Es un problema y un daño a todo el Estado boliviano”, señaló.
Según el empresario, anualmente se importan por la vía legal entre 50 mil y 60 mil vehículos, por lo que una eventual “nacionalización” de ese medio millón de autos ilegales equivaldría a las importaciones de una década.
Quienes pedían la amnistía para legalizar unos 200 mil vehículos indocumentados calculaban que el Estado boliviano obtendría por ello unos 280 millones de dólares.
Para Encinas, ese monto no supone beneficio alguno, teniendo en cuenta que el país debe importar diésel y gasolina para cubrir su demanda interna. Este gasto podría llegar a los 2 millones de dólares, y luego esos combustibles se venden a precios subvencionados por el Estado.
Además, el empresariado privado en Bolivia y Chile remarca que existe la figura penal de la “receptación”, que sanciona a quienes venden o compran bienes robados.
Contrabando de vehículos: difícil lucha estatal
Las acciones contra este ilícito son coordinadas entre la Aduana y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, creado en 2018 después de que dos militares fueran asesinados en una emboscada de contrabandistas de vehículos.
El general Daniel Vargas, titular de esta cartera, reconoció que la amplitud de la frontera entre Bolivia y sus cinco vecinos hace que en ocasiones sea “muy dificultoso” cubrir los sectores por donde ingresan los “chuteros” o contrabandistas de vehículos.
Pese a ello, “el despliegue estratégico” de las Fuerzas Armadas en las fronteras permite llegar a las principales rutas empleadas para el contrabando de autos, “teniendo como un centro de gravedad la frontera con Chile”, aseguró Vargas.
Según el oficial, se han identificado dos formas de ingreso de estos automóviles. El primero es por los puntos de control autorizados, empleando documentación “gemeleada” o clonada, y el segundo por pasos ilegales.
“En algunos casos hay enfrentamientos, porque no se dejan quitar (los vehículos), y en muchos casos también hemos visto que ellos emplean armas de fuego, explosivos”, indicó el viceministro.
Delitos ligados a este millonario mal
La lucha anticontrabando en Bolivia detectó vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas, que llegan hasta la frontera con Chile con pequeñas cantidades de droga para intercambiarla por vehículos indocumentados o robados, según Vargas.
Por otra parte, en nuestro país preocupa el creciente robo de vehículos, lo que es alentado por el mercado que se ha abierto en Bolivia para estos productos.
Según el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, en el norte de Chile “ha aumentado muchísimo la delincuencia asociada al robo de vehículos, incluso nuevos que todavía no logran tener su placa patente instalada”.
A su juicio, el acuerdo de cooperación para recuperar vehículos robados que existente entre ambos países “ha sido escasamente utilizado”, pues se requieren denuncias judiciales e intervención de abogados en ambos lados.
También alertó sobre el florecimiento de bandas delictivas que compran vehículos en Chile, pagando en efectivo, para venderlos en Bolivia y así “blanquear dineros” de otras actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas.
“Las leyes hoy día están dictadas, lo que falta hacer es que se cumplan”, manifestó Mendoza, por lo que instó a una mayor cooperación entre estados.
Finalmente, aseveró que “el Gobierno ha venido planteando que, a través de la Cancillería, se establezca una agenda bilateral para tocar de una manera general el tema del contrabando. En particular, el tema de los vehículos indocumentados que están llenando nuestro país y están afectando la economía”.
