El proyecto que se encuentra en su segundo trámite legislativo, quedó a una votación de ser despachado a ley, si es que la sala de la Cámara de Diputados ratifica lo aprobado por la comisión de Educación, donde la iniciativa fue apoyada de manera unánime, tanto en su votación en general como en particular.

La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, agradeció el apoyo de las y los diputados a la iniciativa y agregó que se está llevando a cabo un trabajo franco y transparente con las instituciones para elaborar las nuevas bases técnicas de los aranceles regulados para la gratuidad.

Respecto a la futura metodología que se usará para fijar las bases técnicas de los aranceles regulados, el rector de la universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Osvaldo Corrales, espera que sean considerados dentro de los criterios, los mayores costos que implica para los planteles estatales el someterse a todos los controles de la administración pública, sobre todo, si se encuentran en zonas extremas.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente de la red G9, sostuvo que el cambio del modelo de financiamiento concita el acuerdo de todo el sistema, resaltando que al igual que los planteles del Estado las instituciones privadas también ven aumentados sus costos por otros factores.

Los rectores reiteraron que la fijación de los nuevos aranceles regulados deben desarrollarse bajo 4 principios: que no exista detrimento económico para las instituciones, un modelo integral de aranceles regulados, no separar las actividades de formación de la investigación, innovación, desarrollo y vinculación con los territorios y considerar de forma distintas elementos tan relevantes como la infraestructura.