Al cumplirse 90 días del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, contratistas del sector forestal aseguran que se ha usado a las Fuerzas Armadas de manera cosmética y que esta medida no ha sido efectiva para enfrentar a los grupos armados. Este sector productivo da cuenta de 21 atentados en La Araucanía y seis en el Bío Bío.
Siete ataques por mes en la región de La Araucanía desde el 17 de mayo, es lo que da cuenta la Asociación de Contratistas Forestales, lo que muestra un aumento de un 75 por ciento si se compara con el año 2021, que tuvo un promedio de cuatro hechos por mes, siendo la provincia de Malleco la que concentra la mayor violencia.
En el Bío Bío se han producido seis atentados, es decir, dos ataques por mes, lo que representa una disminución de un 20 % en los valores promedios, según René Muñoz, gerente de este gremio forestal, quien aseguró que el Estado de Excepción no ha llevado mayor tranquilidad a la zona.
“Para nosotros no ha sido efectivo el Estado de Excepción, las cifras lo demuestran así. Ha habido un amento importante en la región de La Araucanía”, enfatizó el dirigente.
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Un dato relevante en relación a la provincia de Arauco, es que con cuatro atentados en 90 días, la comuna homónima, que colinda con la provincia de Concepción, concentra el 67% de los ataques. Esto muestra que el conflicto avanza hacia el norte de la región, afirmó el dirigente.
“Estamos tan arrinconados trabajando en esa provincia, que el único lugar donde lo podemos hacer es en la comuna de Arauco, y los esfuerzos de estos grupos armados están ahí”, añadió Muñóz.
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Pese al cuestionamiento de sectores afectados por la violencia, el senador del PS por la región del Bío Bío, Gastón Saavedra, dijo que es una medida que sigue siendo necesaria, a la vez que se necesita poner en marcha en toda su dimensión el programa Mejor Vivir.
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Para los contratistas forestales, el Estado de Excepción no ha traído una disminución de los ataques ni la libertad de desplazamiento que esperaban, y apuntaron al compromiso y voluntad del Gobierno, sumado a una legislación que aplique y de un apoyo con recursos a las policías y fiscalías.