La causa sobre el proceso de privatización de Soquimich (SQM) podría ser reabierta, esto tras una recomendación entregada por el fiscal judicial de la Corte de Santiago, Jorge Norambuena.
En específico, se trata de un documento de 6 páginas donde el fiscal Norambuena recomienda reabrir la investigación contra Luis Eugenio y Julio Ponce Lerou.
Dicha indagatoria, responde al proceso de privatización de SQM en el marco del denominado programa de “capitalismo popular”, ocurrido en plena dictadura.
En concreto, era una iniciativa que prometía “hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios”. En 2016, unos 1.400 ex trabajadores de la minera no metálica se querellaron contra los hermanos por los delitos de estafa y apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera que les fueron entregadas en 1985 a cambio de beneficios laborales.
Los querellantes, sostuvieron que los actos fueron cometidos por agentes del Estado de Chile durante el período de la dictadura
militar.
La acción judicial también sostiene que violaron de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de los trabajadores de Soquimich y de todos los chilenos, realizando maniobras en la apropiación indebida de bienes fiscales, por lo que deben ser calificados como delitos de lesa humanidad.
El 34 Juzgado del Crimen de Santiago, declaró extinguida la responsabilidad penal de los denunciados Luis Eugenio y Julio César Ponce Lerou “por prescripción de la acción penal”, sobreseyendo total y definitivamente.
A su vez, la causa llegó a la Quinta Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago y su persecutor, Jorge Norambuena, consideró que es relevante reabrir la investigación.
Dentro de los argumentos, se apunta que están justificadas la existencia de los delitos de estafa y apropiación indebida. Pero no solo eso, sino que que aparecen presunciones fundadas para estimar que a los inculpados han tenido participación en los delitos como autores.
El caso se remonta a 1983, cuando Corfo emitió una resolución mediante la cual permitió la venta de hasta el 30% de las empresas del Estado, incluyendo a SQM.
Ese mismo año, la compañía se convirtió en sociedad anónima ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y se inscribió en el registro de valores de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Julio Ponce Lerou era presidente de SQM y, en paralelo, gerente general de Corfo cuando se efectuaron dichas modificaciones.
Puedes leer el documento completo a continuación: