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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, acción concretada por el Gobierno el 21 de julio pasado. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, calificó esta situación como "un show triste" y aseguró que colaborarán para demostrar que "no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad".
Una nueva polémica involucra al ministro Giorgio Jackson, por la campaña del plebiscito. La semana pasada, la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que el titular de la Segpres “no se ajustó a la necesaria prescindencia” por su rol de articular posibles reformas a la Constitución.
Sin embargo, ahora el exparlamentario enfrenta un escenario judicial, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revisará dos querellas por la impresión de ejemplares de la propuesta constitucional.
La primera de ellas, presentada por el diputado Juan Eduardo Irarrázaval (Republicanos), fue acogida la semana pasada por el tribunal.
De acuerdo a la acción ingresada, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia -liderado por Jackson- mandó a imprimir más de 700 mil ejemplares del documento cuando la Convención ya había sido disuelta.
“La Segpres puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención. Cuando se contrató la referida impresión, la Convención ya no existía, toda vez que con fecha 4 de julio de 2022 había sido declarada disuelta. Por ende, no es un gasto para su funcionamiento”, se indica.
En ese sentido, se explica que fue el 21 de julio cuando la cartera realizó una contratación directa con la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por un monto de $444.615.384.
La querella de Irarrázaval no cuestiona la forma en que se generó la compra -sin llamado a licitación-, sino que esta acción “no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022”.
“No se trata de la forma en que fue realizada la contratación, ya sea mediante trato o contratación directa o licitación (pública o privada), sino que en general la referida Ley N°21.395 establece una prohibición en tal sentido”, se expone.
Si bien el documento se interpuso en contra de “todos aquellos que resulten responsables”, apunta directamente al ministro Giorgio Jackson al momento de describir los eventuales ilícitos.
Segunda querella por imprimir propuesta constitucional
Una segunda querella, presentada por el abogado Marcelo Brunet (RN), fue acogida este martes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En este caso, una de las causales sí apunta al mecanismo de trato directo para pagar la impresión de los textos. “No había causa de urgencia y se gastaron recursos que no estaban disponibles, ya que debieron reintegrarse al Estado para uso de otras necesidades”, sostiene Brunet.
En segundo término, se comparte el argumento de la fecha en que se realizó esta operación, puesto que la Convención Constitucional ya estaba disuelta el 11 de julio.
Finalmente, el abogado a cargo de la acción judicial indica que “el Ministerio Secretaría General de la Presidencia no tiene como función propia las labores de difusión, lo que excede por largo sus atribuciones”.
Cabe recordar que la cartera respondió a esta acusación, asegurando que no se pudo hacer llamado a licitación antes del 4 de julio, ya que no se contaba con el producto final.
Ministro Jackson tilda querellas de “show triste”
Luego que se acogiera la querella del diputado Republicano, el ministro Jackson afirmó que “nos parece un show triste en términos políticos y constituye una instrumentalización, tanto de tribunales de justicia como del Ministerio Público, con evidentes fines electorales”.
“Quiero recalcar en la irresponsabilidad que esto significa en momentos donde, tanto los tribunales como la Fiscalía, se ven sobrepasados haciendo mucho trabajo para poder perseguir el delito”, agregó.
Asimismo, expresó que “no hay ningún hecho que haya faltado a la legalidad” y que prestarán toda la colaboración en la respectiva investigación del Ministerio Público.
“Creo que en este caso, además de ignorancia, puede haber mala fe al momento de leer lo que significa no sólo la Ley de Presupuestos, sino el que nosotros tengamos que ejecutar un gasto que mandató la Convención Constitucional”, dijo el secretario de Estado.
Finalmente, manifestó que “puede haber algunos diputados a los que les moleste que la gente pueda leer el texto, pero el Gobierno tiene el deber de seguir difundiendo”.
