El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, durante su diálogo en Irade sobre la Agenda de Seguridad en Bío Bío, reconoció inercia por parte del Estado frente al crimen organizado.
“Detrás de los hechos de violencia rural, en muchos casos hay crimen organizado”, indicó el subsecretario en la instancia.
El representante de Gobierno añadió que lo mismo ocurre en Arica, reconociendo el impacto del crimen organizado.
“En el marco de la política nacional de seguridad pública, tenemos que tener una política contra el crimen organizado que ataque el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes”, indicó Monsalve.
También apuntó a que tienen que enfrentar el contrabando y ciberataques, además del robo de madera en la Macrozona Sur y las bandas que se organizaron para el robo de cobre, por ejemplo en la región de Antofagasta.
Para esto se constituyó un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, donde los ministerios de Interior y Justicia invitaron al Ministerio Público a ser parte de dicho consejo, además de otras instituciones del Estado que pueden perseguir el crimen organizado.
En el caso del Bío Bío se conformó un Consejo Regional, que cuenta con el gobernador Rodrigo Díaz y la fiscal Regional como socios estratégicos. El subsecretario confirmó que ya iniciaron acciones contra el robo de madera y comercio ilícito y contrabando.
Manuel Monsalve destacó la recuperación de los espacios públicos tanto en el centro de Concepción, como en otras ciudades del país.
El subsecretario adelantó que fortalecerán tres unidades de coordinación estratégica, una en Iquique, otra en la región Metropolitana y una en Temuco.
Inercia del Estado y fortalecimiento de organismos
“Hemos destinado recursos, es bien importante, si uno se quisiera quedar con una imagen respecto al delito y crimen organizado, es que mientras el delito se ha ido complejizando, fortaleciendo, tiene más recursos, más tecnología, una organización más sofisticada para cometer los delitos, el Estado y sus instituciones mantienen un estado de inercia, y por lo tanto la distancia en capacidades entre el crimen organizado y el Estado, en lugar de disminuir, se ha ido agrandando”, reconoció el subsecretario de Interior.
Para combatir esto, se destinaron 12 mil millones de pesos para cerrar la brecha. “Aduana en algún lugar le falta un escáner para fiscalizar mejor y controlar mejor el ingreso de armas o el ingreso de drogas; a Gendarmería le falta un identificador de drones (…) a Directemar, que vigila nuestra costa, le faltan recursos para fiscalizar el ingreso costero (…) al Ministerio Público, a Carabineros o a la PDI le falta un extractor de datos de telefonía”, detalló Manuel Monsalve.
En particular en la Macrozona Sur, el subsecretario de Interior confirmó que se invertirán cinco mil 500 millones de pesos adicionales, para fortalecer a Carabineros y las policías.
Esto se suma a la entrega de 15 vehículos blindados que el Ejército entregó a Carabineros.
También añadió que la institución policial se encuentra procesando la compra de drones para la vigilancia de las rutas de la Macrozona Sur.