Diputados del Partido Republicano insistirán en pedir la remoción del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, a raíz de la polémica por la suspensión del “body scan” en cárceles.

La madrugada de este lunes el Gobierno dio pie atrás a la medida, luego de las críticas que generó la medida, tanto por funcionarios de Gendarmería, como por partido de oposición, como Renovación Nacional y Republicanos.

Diputado Araya apunta a “razones ideológicas” o “extorsión”

Al respecto, el diputado de este último conglomerado, Cristián Araya, aseguró que el subsecretario de Salud no les genera confianza.

“Tememos que por razones ideológicas o directamente por extorsión de alguna banda criminal, haya adoptado esta medida”, acusó.

“Por eso, solicitamos al Presidente de la República su remoción inmediata. Poner en grave riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, no tiene justificación”, agregó.

“Y pese a que se tuvo que retractar por la presión pública realiza, creemos que el presidente debe ser responsable y removerlo de forma inmediata, insistió”.

Su par de RN, Andrés Celis, en tanto, valoró que el Gobierno se haya retractado, aunque también cuestionó la “liviandad” en la toma de decisiones.

“Es razonable, pues a todas luces era una medida poco práctica y absurda, pero, por otro lado, evidencia una vez más la liviandad y el poco nivel técnico con el que toman decisiones en el Gobierno”, fustigó.

“A través del oficio que enviamos como bancada RN cuestionamos la decisión de prohibir el uso de esta tecnología y solicitamos informar los argumentos de ella, buscando que se revirtiera esta medida que consideramos era un verdadero despropósito. Al parecer escucharon”, concluyó.

Subsecretario Monsalve: “Es necesario una mayor coordinación”

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió explicar la suspensión de la medida, apuntando a que hay “argumentos sanitarios”.

“Efectivamente, las radiaciones ionizantes tienen efectos cancerígenos cuando se usan de manera reiterada, por lo tanto, hay un fundamento sanitario. Pero, a su vez, se requiere compatibilizar eso con el reemplazo de medidas de seguridad en los recintos carcelarios”, explicó.

“Todos sabemos que uno de los desafíos nuevos, es que las organizaciones criminales toman control de los recintos penitenciarios”, agregó.

“Muchas operaciones criminales se llevan a cabo desde las cárceles, los jefes de las organizaciones criminales están muchas veces cumpliendo condena, y, por lo tanto, hay que colocar atención en lo que ocurre al interior de los recintos carcelarios”, advirtió.

“Por eso, ha parecido prudente dejar sin efecto esta resolución mientras el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud construyen en una mesa técnica una solución que pueda equiparar ambos intereses, cuidar la salud de las personas y cuidar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios”, dijo.

“El gobierno ha considerado que es necesario una mayor coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia”, concluyó.