Pese a que la Cámara de Diputadas y Diputados ya realizó la votación final para aplicar un test de drogas a las y los parlamentarios, continúa la controversia por la decisión de hacer el resultado público, y aplicar la primera ronda de exámenes a todos los legisladores en 30 días.
Fuentes en el Congreso plantean que el artículo transitorio ingresado por la diputada Pamela Jiles (PH) y el UDI Juan Antonio Coloma es impracticable, en parte porque la Ley de Presupuestos dejó fijado el sorteo aleatorio semestral, y el juicio actual de la corporación es que esa normativa es más importante que el reglamento.
En todo caso, la controversia principal es el resultado público, ya que son varias las voces que sostienen que se vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
La propia ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que publicar los resultados de los test de drogas no contribuye y genera una señal equívoca con respecto a la legislación sobre pacientes.
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El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el radical Tomás Lagomarsino, afirmó que existe un choque entre el reglamento y la ley, pero indicó que es posible realizar modificaciones para incluir esta excepción.
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El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, representa la visión de quienes sostienen que es importante saber quiénes son consumidores, porque podrían estar expuestos a presiones para legislar ciertos temas.
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La proyección actual es que se dividirán en dos grandes grupos de 77 y 78 diputados respectivamente, y el primero debería realizarse el examen de pelo durante el mes de agosto, para tener la primera mitad de los resultados en septiembre.