La comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, rechazó el libelo presentado por el Partido Republicano.
De esta forma, la acción llega con informe negativo a la Sala de la Cámara de Diputados. Cabe recordar que la decisión de la mesa de trabajo es sólo una recomendación y no tiene carácter vinculante.
La acusación sólo contó con el respaldo de Christian Moreira (UDI), quien fue el encargado de presidir la comisión.
Por otra parte, el libelo recibió tres votos en contra de Natalia Romero (IND-UDI), Fernando Bórquez (UDI) y María Candelaria Acevedo (PC), Natalia Romero (IND-UDI), además de la abstención de Cristian Matheson (IND-Evópoli).
“Cuando comprometo la palabra y analizo las cosas, voto de acuerdo a los méritos de la documentación que yo tengo. (…) Hoy día el país está viviendo una situación de inseguridad tremenda y eso lo demuestran las distintas encuestas de opinión”, señaló el diputado Moreira.
Cabe recordar que distintas voces de la oposición aseguraron que no es el momento para emprender una acción de este tipo contra Siches, tildando incluso esta acusación de “error político”.
Los capítulos de AC contra Izkia Siches
El primer capítulo de la acusación es por el retiro de 139 querellas presentadas, por Ley de Seguridad del Estado, contra acusados de cometer diversos delitos durante el estallido social.
En segundo término, se plantea que el Gobierno cometió una “inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui”.
Luego, se hace referencia al concepto de Wallmapu, empleado por Siches para referirse al territorio mapuche. De cuerdo a los republicanos, se comprometió el honor de la Nación por generar “un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
“Entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en La Araucanía”, se resume el cuarto capítulo.
En quinto lugar, se acusa al Ejecutivo de dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Además, se menciona una “reacción tardía, insuficiente y acotada” frente a los hechos de violencia en la Macrozona Sur.
Finalmente, se indica que el Ejecutivo cometió una “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile”.