Los diputados de la UDI, Renzo Trisotti y Henry Leal, anunciaron que presentarán un proyecto de ley para ampliar significativamente el catálogo de delitos por los cuales pueden ser expulsados los extranjeros condenados en Chile. Según cuentan, el propósito es que no se sigan cometiendo delitos dentro de los penales y evitar que se genere un mayor hacinamiento.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas calificaron dicho escenario como “extremadamente grave”, según dicen, por la organización que mantienen al interior de los recintos carcelarios, por lo que aseguraron que “es urgente que ampliemos el catálogo de delitos para así expulsar a la gran mayoría de los migrantes que han llegado sólo a delinquir a nuestro país”.
“El lapidario informe del Ministerio Público, los hechos constatados por un juez de garantía y las declaraciones del subsecretario de Justicia, quien reconoció que los extranjeros están alterando gravemente la convivencia dentro de las cárceles, nos obligan a reaccionar de manera urgente si no queremos que esta situación siga escalando”, señalaron.
Asimismo, indicaron: “Por eso el Gobierno no puede pretender que el problema se solucionará cambiando de módulo a la población penal. Aquí necesitamos una intervención profunda y urgente, empezando por retomar las expulsiones de migrantes y aumentando los delitos por los cuales hoy pueden ser deportados”.
Por lo mismo, Trisotti y Leal aseguraron que establecerán en su proyecto que sólo los extranjeros que participen en hechos de sangre deban cumplir la condena en Chile, proponiendo que para el resto de los delitos —como robos, hurtos, tráfico, lesiones, entre otras— sean expulsados inmediatamente una vez que los tribunales de justicia dicten sentencia en contra de ellos.
Precisaron que la medida no sólo permitiría enfrentar la grave crisis de hacinamiento que sufren los recintos penitenciarios, sino que también ayudaría a disminuir el gasto que realiza el Estado en dicha materia, recordando que en 2017 Gendarmería de Chile informó que mensualmente se desembolsaban $724 mil pesos por cada interno.
“Es inaceptable que, además de permitir el ingreso libre de miles de migrantes —entre ellos quienes vienen a delinquir—, estemos subsidiando la permanencia de estos delincuentes al interior de las cárceles. No nos olvidemos que los recintos penitenciarios se financian con los impuestos que pagamos todos los chilenos, por lo que nos parece de todo lógico que cualquier extranjero que cometa un delito que no sea de sangre, se le expulse inmediatamente de nuestro país y se le prohíba su ingreso de por vida”, reiteraron los parlamentarios gremialistas, quienes finalmente anunciaron que le pedirán de manera formal al Gobierno poder patrocinar u otorgar urgencia a dicha iniciativa.