Este martes continuó la revisión de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, en la comisión de la Cámara de Diputados.
Dos abogados fueron los encargados de intervenir en esta oportunidad, presentando diferencias sobre todo en los capítulos vinculados a la utilización del término “Wallmapu” y a la falta de querellas por los dichos de Héctor Llaitul.
El primero fue Jaime Winter, del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, quien cuestionó diversos puntos de la acción contra Siches.
A su juicio, existe un problema en el enfoque de la acusación, ya que no es de carácter personal y apunta a la institución del Ministerio del Interior. Igualmente, aseguró que aborda hechos que vienen arrastrándose desde gobiernos anteriores.
Asimismo, se refirió al capítulo sobre el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, en el contexto de delitos cometidos en el marco del estallido social.
De acuerdo a Winter, la medida adoptada por el Ejecutivo “no genera un ámbito de impunidad, porque va a ser el Ministerio Público quien va a tener que determinar quiénes son responsables”.
Discrepancias por Wallmapu y Héctor Llaitul
Por otra parte, abordó el capítulo que acusa una falta de querella por parte del Gobierno a raíz de las declaraciones de Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien llamó a “organizar la resistencia armada” en la Macrozona Sur.
En ese sentido, dijo que “se hizo una investigación de oficio por parte del Ministerio Público, por lo que ya no es necesario denunciar. La razón de ser de esa obligación desaparece”.
Finalmente, indicó que es una “trivialidad” la acusación por utilizar el concepto de “Wallmapu”, el que -según diputados del Partido Republicano- generó un conflicto diplomático con Argentina.
A diferencia de Winter, el abogado Jorge Baraona, profesor de Derecho Privado de la Pontifica Universidad Católica de Chile, consideró que el término empleado por Siches representa el capítulo “más grave”.
“Es evidente el problema que existe en La Araucanía y el riesgo territorial que se supone no sólo para Chile, sino también para Argentina”, manifestó.
Otro punto que cuestionó es no querellarse por las declaraciones de Héctor Llaitul, indicando que “uno podrá encontrar miles de delitos en sus afirmaciones, pero el que le corresponde a la autoridad es justamente el delito más importante de todos: de qué manera se pone en riesgo la seguridad del país y el orden público”.