Diputado Christian Moreira será presidente de comisión revisora de AC contra ministra Siches

Durante este miércoles, en la Cámara de Diputados y Diputadas se iniciaron los trabajos de la comisión revisora por la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Según informó La Radio, en esta instancia el diputado UDI, Christian Moreira, quien se encuentra de forma telemática, fue elegido como presidente del comité.

Cabe mencionar que el régimen de trabajo será de tipo mixto, en donde la mayoría de las comisiones serán presenciales y telemáticas. Solo se invocará a una comisión completamente presencial cuando sea el turno de la ministra Siches o de algún representante jurídico que defienda su postura, de llegar a esta comisión revisora.

Recordemos que esta última fue sorteada durante la jornada del martes pasado en la Corporación de la Cámara Baja. Además, la mayoría de sus integrantes son de oposición, con tres parlamentarios de la UDI, un diputado de Evópoli, y una diputada del Partido Comunista.

Partido Republicano y Acusación Constitucional contra Siches

Un comunicado del Partido Republicano detalla que “el foco principal de la acusación es la gravedad que significa el desatender las tareas básica que comprometen a una ministra de Seguridad del Interior y Seguridad Pública”.

“La ministra ha sido constante en cometer acciones y omisiones que infringen severamente la Constitución y la ley, y que en muchos casos comprometen gravemente el honor y la seguridad de la Nación”, se señala en el documento.

Los diputados Republicanos dijeron estar “conscientes que la Acusación Constitucional, al momento de presentarla, no concita el apoyo de toda la oposición, ni menos del oficialismo”.

“Si hoy contamos los votos, probablemente se rechazaría. Pero estamos confiados que en las próximas semanas vamos a poder hablar del fracaso del Gobierno en materia de seguridad, inmigración ilegal, narcotráfico y terrorismo, junto con discutir de qué manera la ministra Siches no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal y constitucional”, manifestaron los republicanos.

En la minuta indicaron que su “objetivo no es otro que poner en el centro de nuestra acción política a las personas comunes y corrientes, que viven y sufren el caos en seguridad y la violencia desatada”.

Asimismo, los Republicanos hicieron un resumen de los capítulos acusatorios:

Capítulo primero:

El retiro de 149 querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado “estallido social”, y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Capítulo segundo:

Inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la propia titular de Interior y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y amenazas.

Capítulo tercero:

El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina.

Capítulo cuarto:

Entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía.

Capítulo quinto:

Dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo, especialmente, la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Capítulo sexto:

Omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada “Coordinadora Arauco-Malleco” (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la “resistencia armada” contra el Estado de Chile.

Capítulo séptimo:

Ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del Estado de Emergencia en las regiones de La Araucanía y Bío, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, que implicaron una afectación grave a la seguridad de la Nación e inejecución de la Constitución y las leyes, poniendo en riesgo los Derechos Fundamentales de las personas.