Este miércoles, la bancada del Partido Republicano ingresó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.
Cristóbal Urruticoechea, Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Mauricio Ojeda, Agustín Romero, Leonidas Romero, Stephan Schubert, Harry Jürgensen, José Meza y Luis Fernando Sánchez fueron quienes firmaron el documento.
Los diputados presentan esta acción por “comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución”.
Si bien habían anunciado la acusación el 17 de mayo pasado, se encontraban preparando el libelo e intentando reunir apoyos, ya que los partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- le cerraron la puerta a la iniciativa.
“A pesar de ver la debilidad, las falencias, las faltas de criterio y las risas en los funerales, creemos que no se dan las condiciones para una acusación”, señaló este miércoles el jefe de bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri.
En total, son siete los capítulos que contiene el documento, los cuales se explican en un total de 159 páginas.
Los republicanos aseguran que la crisis en materia de seguridad “no es atribuible exclusivamente al presidente Gabriel Boric ni a su ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches”.
De hecho, afirman que “el gobierno anterior, liderado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas, y
control de la violencia”.
Sin embargo, indican que la nueva administración ha fracasado durante sus primeros 100 días. “Ha mostrado una total y absoluta incompetencia para dirigir la estrategia de seguridad pública del país y enfrentar con decisión los enormes desafíos en esta área”, señala el acusación.
Republicanos: los 7 capítulos de la AC contra Siches
El primer capítulo de la acusación es por el retiro de 139 querellas presentadas, por Ley de Seguridad del Estado, contra acusados de cometer diversos delitos durante el estallido social.
En segundo término, se plantea que el Gobierno cometió una “inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui”.
Luego, se hace referencia al concepto de Wallmapu, empleado por Siches para referirse al territorio mapuche. De cuerdo a los republicanos, se comprometió el honor de la Nación por generar “un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
“Entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en La Araucanía”, se resume el cuarto capítulo.
En quinto lugar, se acusa al Ejecutivo de dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Además, se menciona una “reacción tardía, insuficiente y acotada” frente a los hechos de violencia en la Macrozona Sur.
Finalmente, se indica que el Ejecutivo cometió una “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile”.