El asesinato del trabajador forestal mapuche, Segundo Catril Neculqueo, a tan solo una semana de que el Gobierno decretara el Estado de Excepción para la protección de rutas y caminos en la región del Bío Bío y La Araucanía, vuelve a poner en jaque al Ejecutivo.

Las críticas apuntan -tanto desde el oficialismo como de oposición- a que el Gobierno debe ampliar el Estado de Excepción y “poner mano dura” respecto a los incidentes y atentados.

Sin embargo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, descartó que -de momento- esto se concrete.

“El Estado de Excepción Constitucional es un instrumento que está en la Constitución y nosotros lo hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica. La evolución y evaluación es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo”, precisó la ministra.

La secretaria de Estado dijo que esta es una medida complementaria que se suma al trabajo de las policías en la zona, y aseguró que el presidente Gabriel Boric está al tanto de cada uno de los movimientos y decisiones de Interior.

Ampliar el Estado de Excepción Constitucional

El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, quien representa a la región de La Araucanía y también fue intendente de la zona, apuntó directamente al Ejecutivo.

El demócrata cristiano aseguró que ya no valen los interlocutores regionales y el Gobierno central debe hacerse cargo.

“Este conflicto está hoy día instalado en La Moneda, el gran acuerdo tiene que ser con las forestales y tiene que haber un diálogo sin miedo con los actores involucrados. Se requiere un acción política del Gobierno”, indicó el legislador.

Chile Vamos también hizo presente sus críticas hacia el Gobierno.

Esto, luego de que el Tribunal de Garantía de Temuco declarara admisible la querella presentada por parlamentarios de Renovación Nacional en contra de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El presidente de la colectividad, el senador Francisco Chahuán, dijo que esto es una muestra de que el Gobierno no está cumpliendo con su mandato.

“Presidente, ya le hicimos la pega, no siga avalando la impunidad en la Macrozona Sur. Vamos a seguir hasta que se determinen las responsabilidades por los hechos que se ha autoadjudicado la CAM, esperamos que el Gobierno no siga mirando para el lado. Presidente, haga la pega que tiene que hacer”, manifestó el parlamentario.

En tanto, en el oficialismo siguen las conversaciones respecto al tema. Así lo confirmó la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, quien aseguró que ayer tanteó terreno con su bancada.

“Ayer conversé con la mayoría de los parlamentarios para recabar de ellos cuál es la opinión sobre lo que está sucediendo en La Araucanía (…) a pesar de que todavía no tenemos una opinión institucional, la mayor parte de ellos plantea que el Estado tiene que usar todas las herramientas disponibles para restablecer el Estado de derecho”, señaló Piergentilli.

Pese a esto, hay sectores en Apruebo Dignidad que han mostrado mayor resistencia a la idea, lo que dificultaría que La Moneda tome una decisión.

Debido a esto, se ha reactivado el debate por la acusación constitucional contra la ministra Siches e incluso hay miembros de Chile Vamos que ya hablaron de estar “evaluando” votarla a favor.