El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), decidió no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social de 2019.
Así lo confirmó a través de un comunicado, donde explicó las razones de su decisión que apunta a las responsabilidades por los graves hechos de violencia registrados durante el estallido social.
Se trató de una determinación que adoptó el Consejo del INDH el pasado lunes, donde la mayoría de sus integrantes decidió no presentar una querella por delitos de lesa humanidad.
Según explicaron, “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.
Esto, porque a su juicio no habría existido una política del Estado para generar daños a gran escala, y que -eventualmente- configuraría dicho delito.
“La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, indica.
Recordemos que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en la Haya, también desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
Lo anterior, luego que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional Baltasar Garzón, presentaron la denuncia en el tribunal.
INDH emplazó al Ministerio Público y a los Tribunales
No obstante, el organismo insistió en mantener la persecución en Tribunales de los agentes del Estado que hayan violado los Derechos Humanos, destacando la presentación de más de 3 mil querellas.
“El INDH reitera que se ha mantenido la política de persecución penal llevada a cabo por el Instituto en el contexto de la crisis social, sin perjuicio de que esta se analiza y evalúa permanente”, indicaron.
“Esta consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos, y para lo cual se han presentado más de tres mil querellas criminales”, agregaron.
Por último, se hizo un llamado al Ministerio Público y Tribunales de Justicia, para investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en el estallido social.
“El Consejo del INDH hace un llamado a los órganos que componen el sistema de persecución penal, especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia, a que cumplan con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho”, concluye.