El fiscal Cristian Paredes, director nacional de la Unidad Especializada de Delitos Violentos, aseguró que la situación en la Macrozona Sur “es un fenómeno crónico” y que, por tanto, requiere la intervención de otras entidades del Estado.

Lo anterior, tras la reunión en que participaros fiscales del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar la persecución penal por ataques incendiarios y hechos de violencia registrados en los últimos días.

Encuentro donde presentaron al representante del Gobierno sus impresiones, apreciaciones y sugerencias para mejorar los resultados investigativos, además de cifras que reflejan las regiones más afectadas por la violencia rural.

Según precisó el fiscal Paredes, La Araucanía es la que concentra la mayor cantidad de ilícitos asociados a dicho conflicto, con alrededor del 80% de los casos; le sigue Bío Bío, con el 16%; Los Ríos, con un 4%; y Los Lagos reporta episodios marginales.

Los mayores delitos son por usurpación, incendios, robos, hurto, receptación, amenazas y delitos asociados a la ley de control de armas.

Ante eso, el fiscal aseguró que más allá de la contingencia de los últimos 20 años, la violencia rural “es un fenómeno crónico. Episodios de violencia que se desarrollan regularmente en el tiempo y que solo se han ido agravando, en cuanto a su número y su intensidad”.

Esto queda en evidencia, explicó, por el aumento en la capacidad operativa y en el uso de armas de fuego.

Esas condiciones, añadió, “demandan una lógica de actuar distinta para enfrentar este delito desde una perspectiva de focos y con mayor análisis criminal”.

Al ser consultado sobre la eficacia del estado de excepción, Paredes indicó que si bien genera una disminución en ciertos delitos, también aumentan otros. Al respecto, precisó que en materia de usurpación presenta una baja del 26% y por ley de control de armas de un 16%.

Eso sí, aclaró que por tratarse de un fenómeno complejo hay distintos elementos que hay que considerar al momento de adoptar una decisión para garantizar la seguridad.

A modo de ejemplo, aseveró que “cada vez que se instala, decreta, modifica o se prorroga un estado de excepción, uno advierte por algunos días una tendencia a la baja, pero al corto andar esos delitos vuelven a aumentar en su número y también en su gravedad, y se desplazan de los radios que son más protegidos a sectores más alejados y que hacen más difícil la concurrencia de las policías”.