El Minsal defendió a la ministra de Salud, Begoña Yarza, quien fue acusada de intervenir a favor del “Apruebo” en el plebiscito del proceso constituyente.

Durante un asamblea de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), la secretaria de Estado llamó a evaluar “cómo acompañamos a la Constituyente desde los trabajadores de la salud”.

En ese sentido, precisó que “me imagino que no podemos tener opinión en eso porque somos el Estado, pero sí podemos enseñar qué es lo que es derecho a la salud y explicar qué es lo que es un sistema único universal”, agregó.

“Entonces, la invitación es que vamos a intentar una estrategia de acompañamiento en la Constituyente -junio, julio, agosto, septiembre- hasta que sea el plebiscito de salida”, agregó Yarza.

Diputados del Partido Republicano reaccionaron a estas declaraciones, asegurando que recurrirían a la Contraloría para que investigue las declaraciones de la ministra.

Minsal defiende a Yarza: “Convención es un proceso autónomo”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, salió en defensa de la titular de Salud, afirmando que el Gobierno respeta la autonomía de la Convención.

“Hay una discusión hoy día que se está dando en la Convención Constituyente, que es un proceso autónomo y que nosotros respetamos por supuesto, y como ciudadanos acompañamos el desarrollo de aquel”, señaló.

Asimismo, manifestó que desde la cartera están concentrados en cumplir el programa del presidente Boric.

Por su parte, el presidente nacional de Fenpruss, Aldo Santibáñez, expresó que los parlamentarios del Partido Republicano actúan de manera malintencionada y defienden un “modelo injusto”.

“Lamentamos la campaña de mentiras que la derecha ha iniciado en contra del proceso constituyente que vive Chile. Rechazamos la acusación de la ministra, quien se ha referido al programa transformados que el programa del presidente Boric tiene en materia de salud”, añadió.

Cabe recordar que Contraloría emitió un instructivo la semana pasada, que prohíbe a los funcionarios públicos promover alguna de las dos posturas del plebiscito -“Apruebo” o “Rechazo”- durante su jornada laboral.