El sobreseimiento definitivo de las exautoridades Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Enrique Paris y Arturo Zúñiga dictó este viernes el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el marco de la investigación por posible fraude en el arriendo de residencias sanitarias en la ciudad jardín.
La determinación del tribunal se da luego de que, a mediados de este mes, el Ministerio Público solicitara la medida y comunicara el cierre de la investigación por los eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
La causa se inició a mediados de 2020, tras una querella ingresada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) por perjuicios al fisco de casi $54 millones en el Hotel O’Higgins y otros cerca de $9 millones en el Hotel Gala, ambos de Viña del Mar.
De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, el sobreseimiento fue realizado en virtud del artículo 250 letra A del Código Procesal Penal. Es decir, cuando el hecho indagado no fuere constitutivo de delito.
Contexto de “excepción”
Según explicó Patricio Toro, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, tras la revisión de los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, se estimó que los contratos fueron celebrados en medio de la pandemia. Por lo tanto, “era aplicable una normativa de excepción”, lo que permitió “incorporar clausulas de costos operativos fijos”, detalló.
En esa línea, indicó que no hubo intervención alguna de las exautoridades en la contratación de los recintos y que al ser desembolsos “que estaban permitidos por el contexto y la normativa se determinó que no existía comisión de delito”.
Requerido por este medio, Gabriel Campos, abogado que actuó en representación del ex Presidente Sebastián Piñera, valoró la determinación del tribunal. Argumentó que “esto da cuenta de que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos no tenía fundamento jurídico con relación a estas imputaciones específicas”.
“Se descartó la existencia de negociación incompatible y tráfico de influencias, habiendo un pronunciamiento de la Contraloría en este sentido. También se descartó la existencia de fraude al fisco, la cláusula cuestionada sobre los ‘costos operativos fijos diarios’ en la contratación de determinadas residencias sanitarias estaba amparada por la normativa vigente en la época y tenía relación con el contexto de la pandemia”, sostuvo.
Exclusión de la Comisión
Pese a ser querellante, la CCHDH fue excluida de la tramitación de esta causa en noviembre de 2021, al no registrar residencia en la ciudad jardín, y por ende legitimidad activa, para los delitos supuestamente cometidos en este territorio jurisdiccional.
Así las cosas, en la audiencia de este viernes no hubo oposición a la solicitud del Ministerio Público, a la que sí adhirieron las defensas.
Consultado por este medio, Eugenio Merino, abogado de Arturo Zúñiga, compartió la resolución del tribunal y coincidió con el representante de Piñera.
En esa línea, dijo estar “conforme”, puesto que “viene a confirmar que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos por supuestas irregularidades en la contratación de residencias sanitarias no tenía ningún sustento”.
Actualmente otras cuatro causas de similares características están en proceso de revisión en las comunas de Mejillones, Iquique, Antofagasta y San Miguel, aunque esta última por la construcción del hospital Barros Luco.
Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta de la CCHDH.