El fiscal nacional, Jorge Abbott, realizó este martes su última Cuenta Anual de su gestión a la cabeza del Ministerio Público.

En una ceremonia realizada en la explanada del edificio de la Fiscalía Nacional, el jefe del organismo persecutor se refirió a los cambios que se discuten en la Convención.

Recordemos que la Comisión de Sistema de Justicia aprobó la figura del Fiscal Nacional, aunque no sería la única autoridad a cargo del Ministerio Público, ya que la iniciativa incluye a un Consejo Superior.

Abbott cuestionó cambios que propuso la Convención

Al respecto, Abbott sostuvo que “en el debate constituyente reciente ha habido iniciativas que, respetuosamente, no compartimos”.

“Sabemos que el proceso aún está en marcha y que falta para arribar a un acuerdo que sirva a los chilenos y chilenas”, agregó.

No obstante, advirtió que “la institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos o políticos circunstanciales”.

“Creemos que en el diseño de una institución como la nuestra, necesita tener una autoridad unipersonal y es la experiencia de todos los Ministerios Públicos de Iberoamérica, no hay ninguno que sea conducido por un consejo”, afirmó.

Fiscal pidió estatuto para enfrentar violencia rural

Asimismo, Abbott se refirió a la violencia rural, en donde reconoció las complejidades para su investigación.

“La violencia rural es, con certeza, un tema de Estado complejo y de la mayor relevancia en el ámbito de la seguridad pública. En torno a él, la mirada meramente punitiva resulta estrecha, como también lo son las aproximaciones centralistas y condescendientes hacia la violencia y sus motivos”, dijo.

“Los hechos de violencia rural están acentuando la urgencia de contar con un estatuto legal integral de protección a víctimas y testigos”, dijo.

“En la Macrozona Sur la violencia ha recrudecido con el transcurso de los años. Tanto el territorio en el que se cometen los delitos, como el número de ilícitos involucrados, se ha ampliado”, admitió.

“Los hechos son cada vez más graves y ya no afectan solo a bienes materiales, sino también a la vida de las personas. El uso de armas de fuego es cada vez más frecuente y en algunas zonas se justifica la reivindicación de territorios y el control de estos para cometer los delitos de tráfico de drogas y robo de madera”, aseguró.

“En este complejo escenario, la persecución penal en modo alguno constituye la solución de un conflicto que se arrastra por décadas y que tiene connotaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Nuestro rol no puede ser otro que enfrentar las tareas de investigación y persecución penal con absoluto apego a la Constitución y a la ley, con irrestricto respeto a los derechos humanos”, estimó.

Abbott releva tensiones con el gobierno de Bachelet

El fiscal nacional reconoció que el Operación Huracán provocó fuertes tensiones y diferencias con el gobierno de Michelle Bachelet.

“Fueron nuestros fiscales los que en 2017 decidieron abrir una investigación contra miembros de la policía de Carabineros, tras detectar que habían manipulado evidencia contra comuneros mapuche”, reveló.

“Con informes técnicos independientes, los fiscales de La Araucanía constataron que la prueba no era válida y que eventualmente había sido manipulada. Sin embargo, esta decisión, respaldada por la Fiscalía Nacional, provocó fuertes tensiones y diferencias con el gobierno, con un alto costo institucional”, añadió.

Abbott hizo mea culpa en la corrupción

De todas maneras, no fue la única crítica que deslizó, reconociendo no haber podido alcanzar “plena justicia” especialmente respecto a los delitos económicos.

“No hemos podido alcanzar lo que consideramos plena justicia debido a que hay áreas, como la de los delitos económicos, en las que la Fiscalía depende de la decisión de órganos administrativos para que se inicien las acciones legales que nos permitan investigar”, apuntó.

“En estos años he sido categórico en criticar el actual sistema que nos obliga a esperar la acción particular de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica o el Servicio Electoral y que, en la práctica, se han transformado en un obstáculo procesal para la investigación de imputados que ejercen cargos de representación popular o poder económico”, aseveró.

“Esta indeseada sensación de impunidad y una inequitativa distribución de la responsabilidad penal, al dispensarse un trato privilegiado a quienes ejercen puestos de poder, le hace un daño profundo a la democracia”, cuestionó.

“A ello se suma el alto grado de opacidad con que se resuelven las decisiones de no perseguir ciertas infracciones en el contexto administrativo, más aún cuando tampoco se conocen los criterios empleados por estas entidades para seleccionar qué casos serán investigados y perseguidos penalmente, cuáles serán tratados como meras infracciones administrativas y a qué hechos se les aplicaran exenciones o condonaciones”, cerró.