El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, interpuso una querella criminal en contra de 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y una ministra de la Corte Suprema, por prevaricación judicial.
Según la acción judicial, todo comenzó en marzo de 2020, después de que los ministros del tribunal de alzada capitalino revocaran una resolución del magistrado.
La resolución dejó en libertad 13 jóvenes sindicados como pertenecientes a la “primera línea” del denominado estallido social, que se encontraban en prisión preventiva.
No obstante, los ministros no solo suspendieron los efectos de la resolución -sin apelación de por medio-, sino que además se abrió un sumario en contra de Urrutia.
Finalmente, el magistrado fue suspendido y fue trasladado a un Juzgado de Cobranza.
Hace unas semanas, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó sobreseer a los ministros, que hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
Defensores presentaron apelación
Sin embargo, los abogados defensores presentaron una apelación que deberá ser revisada por la misma corte donde cumplen funciones los ministros, pero obviamente por magistrados no inhabilitados.
De la Corte de Apelaciones, los indagados en calidad de imputados son Guillermo de la Barra, Miguel Vásquez, María Soledad Melo, Jéssica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Riveros, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kistteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solis, Elsa Barrientos, Inelie Durán, Alberto Amiot, Rafael Andrade y Juan Carlos Silva Opazo. Además, se suma la magistrada Adelita Ravanales, de la Corte Suprema.
Asimismo, todos los ministros son representados por los defensores penales públicos Octavio Sufan, Alejandra Lobos y Bárbara Antivero.