Fue en el marco del balance de su primer mes a cargo del ministerio de Educación, que el ministro Marco Antonio Ávila dio a conocer la suspensión de las pruebas Simce para el año 2022, debido a “que se perdió de alguna manera una comparabilidad de las evaluaciones, eso claramente, para quienes son entendidos en el mundo de la estadística, es muy complejo”, luego que los años 2019, 2020 y 2021 no se aplicaran las pruebas estandarizadas.
Sin embargo, durante su exposición ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde presentó su hoja de ruta legislativa, el ministro Ávila fue mucho más explícito sobre el fin de las pruebas Simce del sistema escolar.
El ministro de Educación planteó que “el sistema de aseguramiento de la calidad está basado principalmente en una medición estandarizada en 2 asignaturas”, añadiendo que al sistema escolar hoy le interesa en “un 66 o 70 por ciento cuánto sabe un niño en lenguaje y matemática y un 30 por ciento respecto de otros indicadores como ciudadanía o hábitos de vida saludable”.
El secretario de Estado afirmó que sin duda que es importante conocer cuánto sabe un niño en lenguaje y matemática, “pero siempre que esas mediciones estandarizadas no tengan sanciones o consecuencias para las escuelas, que las termine cerrando y castigando”.
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El ministro de Educación agregó que “existe cierto acuerdo”, espera él transversal, “ que no se puede seguir pensando en un sistema de aseguramiento de la calidad que no mire integralmente”.
En Colegio de Profesores, en tanto, valoraron que el Ministerio de Educación haya solicitado al Consejo Nacional de Educación la suspensión de la aplicación de las pruebas Simce para este año, pero pidieron que esta medición estandarizada deje de ser aplicada en el sistema escolar, como señaló el presidente del gremio, Carlos Díaz.
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Ávila agregó también ante las y los parlamentarios que se avanzará “hacia un sistema que mida, pero que no tenga consecuencias” para las escuelas; destacando la vigencia el decreto 67, “el cual pone la evaluación de aula, la evaluación formativa y la evaluación de los procesos, al interior de las comunidades”, agregando que se debe “avanzar hacia un sistema que oriente y que genere condiciones” para un efectivo aseguramiento de la calidad.